El ingeniero Hugo Farfán denunció a EJESA ante ARCA y luego presentó el caso ante la Justicia federal de Jujuy. La acusación señala una presunta evasión tributaria vinculada con el IVA del Sistema Aislado Provincial (SAP). Farfán estimó que el perjuicio fiscal superaría los $6.600 millones y reclamó un resarcimiento para 120 mil jujeños.
Desde 2025, EJESA y EDET, la distribuidora eléctrica de Tucumán, están controladas por Edison Energía, del holding de Juan y Patricio Neuss. Mientras se conocía la presentación en Jujuy, en Tucumán se realizaba una marcha de usuarios contra EDET. El grupo amplió su presencia en el sector energético nacional desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y también recibió cuestionamientos en Mendoza y Neuquén.
Según Farfán, la denuncia describe un mecanismo de tres pasos para “evadir” y “recaudar de forma oculta”, que se habría aplicado desde el 1 de mayo de 2024 hasta el presente. Tras esperar más de 120 días, llevó el planteo a la Justicia federal jujeña por la presunta comisión de delitos tributarios. La presentación apunta a una posible evasión agravada del IVA sobre el SAP. EJESA también acumula multas de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) por distintos incumplimientos.
El denunciante afirmó que dos direcciones de ARCA emitieron dictámenes contrapuestos sobre el caso y que la falta de avances del organismo lo llevó a recurrir a la Justicia. “Ahora, la justicia federal jujeña tiene totalmente paralizada la demanda que presentamos”, sostuvo. También señaló que el cálculo de $6.600 millones, correspondiente al período entre mayo de 2024 y mayo de 2026, podría aumentar de manera exponencial. “Los Neuss heredaron una situación de recaudación ilegal, pero no la modificaron sino que la continuaron porque los beneficiaba”, afirmó.
Al cierre de esta nota, EJESA y la Secretaría de Energía de Jujuy no habían respondido sobre la denuncia.
Reclamos de usuarios y cuestionamientos
Luego de la presentación de Farfán, el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (CODECUC), presidido por el abogado Alejandro Mur, pidió sumarse a la causa como querellante. Mur dijo que la organización solicitó una medida cautelar para impedir los cortes de servicio de EJESA a usuarios vulnerables, pero que la Cámara en lo Civil y Comercial la rechazó.
Por otra parte, integrantes de la organización Mujeres Municipales llevaron a la Legislatura jujeña un petitorio con más de 11 mil firmas. El documento reclama medidas urgentes ante el impacto de las facturas de EJESA en la economía de las familias y pide que se trate la revocación del contrato de concesión entre la distribuidora, perteneciente al Grupo Neuss, y el gobierno provincial.
Mur advirtió que la investigación penal también podría alcanzar a funcionarios y organismos estatales de control si se comprobara que omitieron fiscalizar deliberadamente o habilitaron resoluciones pese a conocer las irregularidades denunciadas.
En Tucumán, los cuestionamientos se centran en EDET, también controlada por el Grupo Neuss. La empresa debía convocar este año a una licitación por la mayoría accionaria, pero el llamado se postergaría hasta 2027. La decisión fue cuestionada públicamente con acusaciones de un “acuerdo espurio” entre el gobernador Osvaldo Jaldo y los Neuss.
La denuncia caracteriza el presunto esquema como un “ardid contable, coordinado y sostenido” que habría buscado eludir los controles de la autoridad recaudatoria y “defraudar la Hacienda Pública Nacional”, además de afectar a usuarios residenciales, comerciales e industriales. La presentación divide el mecanismo de facturación en tres puntos.
Usuarios residenciales. Farfán sostiene que EJESA habría incluido el cargo del Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ) sin registrar ante los organismos fiscales la actividad real de generación aislada. Según el planteo, la empresa habría dejado de aplicar la alícuota del 21% de IVA al sobreprecio del SAP al facturarlo como “exento” o “no alcanzado”.
El ingeniero afirmó que, con ese esquema, EJESA “no debita el IVA y, por lo tanto, todo lo que ellos tienen como crédito fiscal pasa a ser gasto, motivo por lo cual pagan menos impuesto a las ganancias”. Calculó que el perjuicio fiscal por este concepto superaría los $3.500 millones entre mayo de 2024 y mayo de 2026.
Usuarios no residenciales. Para comercios e industrias, la denuncia plantea una presunta “licuación del tributo”. Sostiene que EJESA calcularía internamente el IVA —del 21% o del 27%— sobre el sobreprecio y lo incorporaría de forma no visible en la tarifa unitaria. De acuerdo con la presentación, cobraría el débito fiscal a los comerciantes, pero no lo declararía ni lo ingresaría al Estado nacional. La evasión estimada para este rubro supera los $2.800 millones.
Combustible. El tercer punto se refiere a impuestos que, según la denuncia, se habrían cobrado por combustibles que no fueron consumidos. El sobreprecio se habría calculado sobre un volumen de gasoil, aunque los importes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) corresponderían a combustible que no se habría comprado ni utilizado para generar electricidad. La cifra denunciada supera los $220 millones. “EJESA no aparece como generadora, sin embargo factura como tal”, señaló Farfán.
Los tres conceptos suman más de $6.600 millones, cifra que la presentación atribuye a “apenas un año”. Farfán afirmó que el monto podría ser mayor si el análisis se extendiera hasta el presente. Mur, por su parte, sostuvo que el cargo FOPEJ aumentó un 6.900% en los últimos cinco años.
Meses atrás, tras un corte generalizado de energía en Jujuy, CODECUC había presentado otra denuncia ante la Justicia provincial. El planteo cuestiona una presunta triangulación contractual y el traslado a las facturas de un costo de 79 dólares por megavatio. La presentación menciona a EJESA, la empresa provincial JENSE y la firma santafesina Industrias Juan Secco.
El caso también tuvo repercusión en la Legislatura: el bloque del PTS-Frente de Izquierda presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique el estado de los contratos con Industrias Juan F. Secco. La denuncia afirma que la firma instaló paneles que nunca se conectaron a la red, pese a que la provincia pagaría 106 mil dólares mensuales.
EJESA no se había pronunciado públicamente sobre el caso ni se había contactado con el denunciante. “Mostraron un total desinterés por el tema, estimo que apostando por el todo pasa”, concluyó Farfán.
