Cerca de 80 intendentes de distintas provincias y partidos políticos reclamaron este miércoles en la Cámara de Diputados una distribución más federal de los subsidios al transporte. La presentación se hizo luego de que el Gobierno nacional anunciara un refuerzo de $38.840 millones para las empresas de colectivos del AMBA.
El presidente del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) e intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, dijo que el espacio evalúa “analizando ir a la Corte Suprema”. Los jefes comunales sostienen que la Nación incumple la ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que se recauda en todo el país.
La reunión comenzó después de las 12 en la comisión de Asuntos Municipales de Diputados. La convocó su presidenta, la diputada de Provincias Unidas Carolina Basualdo, para debatir el desmantelamiento del Programa Remediar. En el encuentro también se planteó el reclamo por los subsidios al transporte.
El Gobierno anunció el fin de Remediar y la puesta en marcha de un Plan Nacional para Enfermedades Cardiovasculares. Según lo expuesto en la reunión, la cobertura pasaría de 126 medicamentos a seis, destinados a enfermedades cardiovasculares y a personas sin obra social ni prepaga. Gobernadores e intendentes advirtieron que el recorte podría trasladar costos a provincias y municipios.
El impacto de Remediar y el transporte
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, médica y exministra de Salud, sostuvo que la reducción de Remediar representa un ajuste del 95% en un programa vigente desde hace más de 20 años. “Acá se ha tomado una medida sin estudiar una política pública”, afirmó. También señaló que su provincia recibió un 83% menos de botiquines respecto del 2024.
“Esto no es salud pública”, expresó Chahla. Dijo que los intendentes se enteran de las decisiones del Ejecutivo a través de resoluciones y, al cerrar su exposición, pidió que se defienda el plan.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, manifestó su “preocupación” por el recorte de Remediar y estimó que la medida, que consideró que no tiene una correspondencia fiscal, podría representar un costo cercano a $13.500 millones para los municipios.
Javkin también cuestionó la reducción de los subsidios al transporte y que la asistencia a la oferta se concentre en el AMBA. “Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público. Y lo decimos porque ese costo o lo afrontan los municipios o lo afrontan los usuarios del servicio de transporte interior”, afirmó.
El intendente agregó que los municipios pagan el IVA por servicios que, según señaló, antes prestaba la Nación. “O sea que además sobre la prestación de esos servicios que antes prestaba la Nación se nos carga con el costo del impuesto al valor agregado”. Luego sostuvo: “En Rosario, en el año 2017 vamos a destinar $155.000 millones estrictamente al pago de IVA a Nación, en muchos casos, sobre el servicio que antes prestaba Nación. Entonces, no solo nos hacemos cargo del servicio”.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recordó que Remediar funciona desde 2002 y lo describió como un “buen programa” elaborado por sanitaristas. “Quienes hoy creen que sacando el Plan Remediar van a hacer economía, al contrario, van a generar mayor deterioro, porque van a provocar mayor crecimiento de enfermedades que las podemos prevenir desde los centros de salud primaria”, sostuvo.
En relación con el transporte, Romero afirmó que “el transporte público no es un lujo” y defendió los subsidios como una herramienta para sostener el sistema. También cuestionó el congelamiento de los beneficios de la SUBE.
Claudia Godoy, intendenta de San Marcos Sud, cuestionó al diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni por enviar auditorías mientras, según dijo, había deudas del PAMI pendientes de pago. “Yo no tengo ningún problema que me auditen, yo quiero que me paguen”, afirmó. Contó que, tras reclamar ante el organismo junto con otros intendentes de su provincia, recibió una auditoría y todavía esperaba conocer los resultados.
Godoy también aseguró que llegaron a su localidad nueve personas de Buenos Aires, en avión y con todos los gastos pagos, para hacer una auditoría que costó más de $9 millones. Según indicó, ese monto era lo que le debían en ese momento. En su exposición nombró al diputado Gonzalo Roca y a Bornoroni.
Passerini planteó que el recorte de Remediar afecta un derecho que describió como una conquista posterior a la crisis de 2001. “Ese derecho adquirido quedó de 129 medicamentos a seis medicamentos. Ese botiquín tiene un efecto colateral porque los afiliados del Pami van a hospitales y centros de salud a pedir esos medicamentos”, afirmó.
Sobre los subsidios al transporte, el intendente de Córdoba Capital sostuvo: “Hay U$S 460 millones para el AMBA, contra $0 para el interior. No estamos contra el subsidio al área metropolitana, pero no puede ser solo para una jurisdicción cuando los recursos salen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que se paga en todo el país. Este impuesto tiene un destino federal que se incumple desde la Nación”. Cerró: “Los municipios estamos hartos pero no estamos vencidos. Jamás vamos a abandonar a nuestros vecinos”.
En declaraciones posteriores, Passerini explicó que el reclamo que evalúan llevar a la Corte se basa en el incumplimiento del principio de distribución federal de lo recaudado con el ICL. Como contrapropuesta al Gobierno, planteó: “eliminen el ICL y bajamos 35% el pasaje (de colectivos)”.
