El proyecto de discapacidad obtuvo un amplio respaldo en el Senado. La iniciativa conserva los principales beneficios de la ley de emergencia, que vence a fin de año, y el oficialismo buscará aprobarla en la sesión del 19 de noviembre.
El dictamen que respalda el texto con media sanción de Diputados reunió el apoyo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Este miércoles, el proyecto será debatido en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por el libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner, respectivamente.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”. También destacó la posibilidad de compatibilizar la pensión por discapacidad con un empleo, al señalar que el trabajo favorece la integración y la autonomía.
Bullrich mencionó, además, la continuidad de los beneficios para empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura de salud. “Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.
La iniciativa busca responder al reclamo de bloques aliados, que piden garantías para sostener las prestaciones cuando termine la ley de emergencia. La norma fue sancionada el año pasado por la oposición y vetada por el presidente Javier Milei.
La senadora justicialista Juliana Di Tullio afirmó: “vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga”. Luego agregó: “Vale la pena seguir peleando porque a las personas con discapacidad y a sus familias no se las lleva puestas nadie”.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo cuestionó el proyecto y anticipó que pedirá cambios. “Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas”, sostuvo.
Qué establece el proyecto
La iniciativa, llamada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, conserva casi todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. El objetivo es que sus disposiciones sean permanentes, de orden público y sigan vigentes más allá de los cambios de gobierno.
El texto permite combinar una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También mantiene el nomenclador único y dispone que los aranceles de las prestaciones se actualicen de manera automática y periódica según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC. Además, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes reciban la pensión por discapacidad.
Sobre el financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
El proyecto crea un sistema de auditorías periódicas que prevé cruzar datos de la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
A pedido de los bloques aliados, se sumó una cláusula transitoria que fija un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores. La iniciativa también establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
