El Gobierno nacional declaró secreto militar a operaciones vinculadas con la compra de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas. Sostuvo que la difusión de esos datos podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
La medida está contenida en el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La restricción abarca información sobre las características del equipamiento y las operaciones contractuales asociadas a las adquisiciones.
Los fundamentos de la medida
El decreto toma como referencia la definición de secreto militar establecida en el Decreto 9390/63. Allí se incluyen información, materiales, proyectos, obras, hechos o asuntos que, por motivos relacionados con la seguridad nacional y los medios de defensa, solo pueden ser conocidos por personas autorizadas.
Entre las normas citadas, el Ejecutivo mencionó la Ley de Defensa Nacional 23.554, que establece que la Defensa Nacional debe garantizar de forma permanente la soberanía e independencia del país, su integridad territorial y su capacidad de autodeterminación. También invocó la Ley 24.948, que encomienda al Ministerio de Defensa evaluar y decidir los requerimientos de equipamiento de las Fuerzas Armadas según las capacidades operativas necesarias.
De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuya “naturaleza, características y finalidad” requieren mantener su contenido fuera del conocimiento público. El Gobierno argumentó que divulgarlo podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación.
Qué información quedará restringida
Las operaciones contractuales relacionadas con esas compras tendrán carácter de secreto militar. Los organismos responsables deberán seguir los procedimientos correspondientes, pero quedarán exceptuados de las disposiciones sobre publicidad y difusión de las actuaciones.
De este modo, parte de la información que habitualmente se publica sobre las contrataciones estatales no tendrá acceso público por razones de seguridad.
El reclamo por Malvinas
La decisión se conoció durante el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas y en medio de los reclamos diplomáticos y judiciales de Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
El decreto se publicó pocos días después de que Argentina presentara ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, una solicitud de medidas provisionales para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas autorizadas por el Reino Unido en la zona son unilaterales y afectan los derechos soberanos que reclama el país. La presentación busca que se suspendan mientras continúa el procedimiento arbitral iniciado el pasado 28 de septiembre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En ese contexto, el Ejecutivo continúa con el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, mientras la declaración de secreto militar limita el acceso público a información sobre determinadas adquisiciones destinadas al sistema de defensa.
