El Decreto 1205/2026 declaró bajo la figura de “Secreto Militar” las operaciones contractuales para adquirir material y equipamiento para las Fuerzas Armadas. La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.
La medida alcanza las compras comprendidas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD. El decreto no detalla el material que se adquirirá, su costo, los posibles proveedores ni la fuerza que lo recibirá. Tampoco indica plazos de ejecución o características técnicas.
Entre sus fundamentos, el Gobierno señaló que la “naturaleza, características y finalidad” del proceso requieren que su contenido quede limitado a personas autorizadas. También sostuvo que su divulgación “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”.
La declaración exceptúa a los organismos contratantes de las disposiciones sobre publicidad y difusión de las actuaciones del procedimiento de compra. El artículo 1° establece el secreto militar para las operaciones contractuales; el artículo 2° faculta al Ministerio de Defensa a instrumentar las medidas necesarias, y el artículo 3° dispone la comunicación, publicación y archivo de la norma.
El decreto se basa en el Decreto 9390/1963, que contempla el secreto militar para adquisiciones, fabricaciones y construcciones, así como para sus negociaciones y trámites, cuando sean fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
También cita la Ley de Defensa Nacional 23.554, que define la defensa como la acción coordinada de las fuerzas de la Nación frente a agresiones externas y fija entre sus objetivos la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Además, invoca la Ley 24.948, que asigna al Ministerio de Defensa la evaluación y decisión sobre los requerimientos de equipamiento de las fuerzas.
La norma faculta a la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa a realizar los actos necesarios para instrumentar la medida. En el trámite intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa cartera.
El texto no relaciona expresamente la operación con un sistema de armas específico ni permite establecer qué material se comprará.
