El tucumano Osvaldo Jaldo reiteró esta semana sus reclamos por recursos para las provincias, en medio de la negociación del Presupuesto 2027. También plantearon pedidos el cordobés Martín Llaryora y el salteño Gustavo Sáenz, quien solicitó una distribución equitativa de los subsidios al transporte público.
El oficialismo apunta a que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto el 25 de noviembre. La fecha quedó tres semanas después del primer plazo previsto, en parte por los pedidos del PRO y de los bloques aliados de las provincias.
Ante las solicitudes de cambios, algunos integrantes de la mesa legislativa de La Libertad Avanza responden: “Hablá con Guberman”. Un diputado que suele acompañar las iniciativas del oficialismo describió las dificultades para sumar partidas: “El ala política que tienen en el Congreso está más dispuesta a hablar, pero cuando pedís que fijen financiamiento la respuesta que dan es que ya es tarde para hacer modificaciones porque la planilla de anexos la cerraron en junio, imaginate”.
Uno de los ejes de la discusión es la asignación de recursos para cumplir con leyes vigentes. Desde los bloques aliados advirtieron que algunas normas podrían quedar sin aplicación si no cuentan con partidas. Los gobernadores también reclaman fondos para obras públicas y para pagar deudas previsionales: son u$s2.899.574.222 que deben distribuirse entre 13 provincias.
Las universidades solicitan $11 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que la oferta es de $7,5 billones. En materia de discapacidad, se espera una aprobación holgada en el Senado, aunque todavía depende de una promesa que el Palacio de Hacienda no ratificó: derogar los artículos 36° al 41° del Presupuesto 2027.
Unos 80 intendentes llevaron sus reclamos a una reunión de la comisión de Asuntos Municipales de Diputados, el miércoles. Rechazaron la reducción de los beneficios del Programa Remediar, que pasaría de cubrir 126 medicamentos a 6, y pidieron que lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) se distribuya de manera eficiente. Los jefes comunales mantienen reuniones por estos temas desde 2024, con convocatorias cada vez más numerosas.
El PRO también planteó reducir el ICL y propuso bajar del 21% al 10,5% el IVA para los huevos y sus derivados. Además, pidió extender los regímenes de promoción automotriz y autopartista, que vencen el 31 de diciembre de 2027, e incorporar un régimen antievasión que permita intercambiar información sobre billeteras virtuales.
El bloque busca incluir financiamiento para la Ciudad de Buenos Aires, con autorización para operaciones destinadas a la Línea F y al Belgrano Sur, además de regularizar las transferencias de coparticipación. Por su parte, el bonaerense Eduardo Falcone (MID) pidió destrabar fondos de la CAF para completar la duplicación de la calzada de la ruta nacional 5, entre Suipacha y Mercedes.
Los planteos del peronismo y otros bloques
Algunas provincias lograron sumar pedidos al proyecto, aunque las concesiones fueron limitadas, afirmó el catamarqueño Sebastián Nóblega: “Se acordó que la provincia asuma la reparación de la ruta nacional 38 en la Cuesta del Totoral, aunque persiste la preocupación por otras vías provinciales, como las rutas nacionales 157 y 60”.
Nóblega también planteó “blindar las partidas destinadas al INTA” y “aumentar el bono para jubilados”, cuya suma fija es de $70.000 desde 2023. “Es fundamental escuchar las demandas sociales, el empleo, el comercio, la industria, pero, sobre todo, que el presupuesto refleje beneficios reales para la gente”, agregó.
El financiamiento del INTA también se reclamó en la Comisión de Desarrollo Regional, presidida por el formoseño Luis Basterra. En distintas comisiones, Unión por la Patria convocó a especialistas para exponer sus objeciones al proyecto.
En la comisión de Familias y Niñez, que preside el tucumano Pablo Yedlin, pidieron eliminar el artículo 17, que deroga la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo. El bloque de la UCR presentó el mismo reclamo.
En la comisión de Mujeres, a cargo de la cordobesa Gabriela Estévez, se expuso el panorama presupuestario previsto para las políticas de prevención de la violencia. El proyecto elimina partidas específicas para la Línea 144 y prevé que alcance a 70.000 personas, un cuarto de la cifra de 2023. A su vez, el presupuesto para la Educación Sexual Integral queda congelado en el nivel de 2026, lo que equivaldría a $4 por adolescente.
El bonaerense Carlos Castagneto reclamó la presencia de funcionarios nacionales en el Congreso: “Nosotros estamos pidiendo que vengan los ministros, porque es un presupuesto de ajuste en todas las áreas y es importante que pongan la cara”. También anticipó: “vamos a proponer un presupuesto donde se reestablezcan las leyes que no está cumpliendo el Gobierno y los fondos los vamos a sacar de las partidas sin afectación específica, que están en la Juridiscción 91”.
La Jurisdicción 91 corresponde a Obligaciones a Cargo del Tesoro y tendría asignados $14,9 billones, la tercera erogación más alta del proyecto, aunque no cuenta con personal ni edificio. La partida está a cargo de Carlos Guberman y la ejecución de esos fondos quedaría sujeta a instrucciones de la Casa Rosada, no del Congreso.
