La fiscal federal Paloma Ochoa impulsa una investigación para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei recurrieron a bienes estatales para facilitar el ingreso, la permanencia y la salida hacia Estados Unidos de Flávio Bolsonaro.
La fiscalía busca establecer si se utilizaron vehículos oficiales, personal, viáticos u otros recursos públicos para asistir al dirigente brasileño. También intenta identificar quiénes participaron, qué medios se emplearon y si contaban con autorización.
La causa se inició por denuncias del dirigente Gabriel Solano y del diputado Esteban Paulón. Está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención de Ochoa.
Las presentaciones plantean posibles delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La investigación también procura determinar si hubo coordinación entre áreas del Poder Ejecutivo, instrucciones políticas para facilitar el traslado o funcionarios que omitieron controles deliberadamente.
Las medidas ordenadas
La semana pasada, Capuchetti dispuso medidas preliminares a pedido de la fiscal. Entre ellas, ordenó preservar las grabaciones de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de los sectores de Migraciones y Aduana, correspondientes a los movimientos de Bolsonaro y su familia entre el 27 y el 28 de octubre.
Además, solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones las constancias de ingreso y egreso del dirigente, detalles de los controles a los pasajeros y datos del avión privado en el que viajaron. A la Cancillería y al Ministerio de Seguridad les pidió informar si recibieron alertas, comunicaciones o solicitudes de cooperación de autoridades brasileñas sobre la situación judicial de Bolsonaro.
Las medidas apuntan a reconstruir quiénes intervinieron, qué controles se realizaron y si hubo asistencia de organismos estatales. Bolsonaro llegó a la Argentina por Puerto Iguazú junto con su esposa y sus dos hijas. Horas después, abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Estados Unidos.
El episodio quedó bajo análisis judicial porque el dirigente brasileño tenía restricciones para salir de su país, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción.
