Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal por las operaciones con derivados sobre oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizadas durante 2025. Solicitó el allanamiento y el secuestro de servidores y correos institucionales o, como alternativa, una copia forense que permita acceder a contratos, comunicaciones y registros vinculados con las transacciones.
La presentación apunta al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente del área e integrante del directorio de la autoridad monetaria.
El abogado pidió determinar si las operaciones ocasionaron un perjuicio al Estado, cómo se eligieron las entidades que actuaron como contrapartes y si hubo comisiones, honorarios o beneficios indebidos. Mencionó posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También planteó una posible asociación ilícita, en caso de que se pruebe la existencia de una estructura estable destinada a cometer delitos.
El Deutsche Bank y las comisiones
La ampliación pone el foco en la presunta participación del Deutsche Bank. Dalbón citó publicaciones periodísticas que señalaron que la entidad habría sido una de las contrapartes de los contratos vinculados con el oro argentino.
Según esas versiones, las operaciones habrían funcionado como cobertura ante una eventual caída del precio del metal: se habría ofrecido a terceros el derecho a comprar oro a algo más de US$ 3.000 por onza, mientras la cotización superaba los US$ 4.000. El escrito advierte que esa descripción no surge del informe de auditoría de la AGN y debe ser confirmada mediante los contratos.
La presentación también busca establecer cuánto percibieron las entidades financieras intervinientes. “No se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o márgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni quiénes los habrían cobrado”, señaló Dalbón. Añadió que se mencionó públicamente una cifra superior a los u$s60 millones, cuya exactitud pidió verificar durante la investigación.
Sobre la base de información periodística citada en su presentación, el abogado sostuvo que el BCRA se habría negado a entregar a la Auditoría General de la Nación copias de los contratos. Esos documentos permitirían conocer las condiciones de las operaciones y quiénes las autorizaron.
El escrito también indica que Caputo y Bausili tuvieron vínculos laborales con el Deutsche Bank. La denuncia aclara que ese antecedente, por sí solo, no demuestra una irregularidad y pide esclarecer cómo se seleccionó a la contraparte y qué controles se aplicaron.
Acceso a correos y servidores
Dalbón justificó el pedido de allanamiento al sostener que las principales pruebas son documentos y registros electrónicos que están en poder del organismo investigado. “La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados”, afirmó.
El pedido abarca los correos de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos del BCRA. También incluye los servidores y los registros de acceso y modificación de archivos.
La medida comprendería las comunicaciones de 2024 y 2025 con el Deutsche Bank y otras entidades relacionadas con las operaciones. El objetivo, según la presentación, es conservar los registros y reconstruir quiénes intervinieron en las decisiones, cómo se negociaron los contratos y cuáles fueron los costos de las transacciones.
El denunciante advirtió que quienes tienen acceso a la información electrónica podrían modificarla, ocultarla o suprimirla. Si el juez no autoriza el allanamiento, pidió que ordene al BCRA entregar la documentación y garantizar su conservación.
El resultado negativo informado por la AGN
La denuncia original se apoyó en el informe de auditoría de los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la AGN mediante la Resolución 205/2026.
El documento consignó un resultado negativo de $1.469.155 millones en operaciones de opciones con el oro como activo subyacente, equivalente a unos u$s1.023 millones, con egresos de divisas. La cifra se compone de US$ 960,2 millones por el resultado negativo de las opciones y US$ 62,8 millones en primas.
Dalbón pidió establecer cómo se estructuraron las operaciones, si fueron razonables los precios de ejercicio y las comisiones, qué cobertura obtuvo el BCRA y cuál pudo haber sido el perjuicio patrimonial para el Estado.
Para avanzar, solicitó información al BCRA y al Deutsche Bank, consultas a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera, y cooperación internacional de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). También reclamó la intervención de peritos contadores y especialistas en instrumentos financieros derivados para analizar los contratos, las comisiones y el costo total de las transacciones.
Pedido de indagatoria para cuatro funcionarios
En el tramo final del escrito, el abogado pidió que Ferro, Caputo, Bausili y Curutchet sean citados a declaración indagatoria, junto con quienes puedan resultar responsables a partir de las pruebas.
Dalbón resumió los puntos que busca esclarecer: “cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”.
