El Gobierno puso en marcha un plan de retiros voluntarios con el que busca reducir en otros 20.000 trabajadores la planta estatal. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ya se eliminaron más de 72.000 puestos en la administración pública. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció amenazas e intimidaciones a empleados para que acepten el retiro.
El decreto se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Lo firmaron Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, designado como autoridad de aplicación del programa.
Las personas que se adhieran recibirán una gratificación extraordinaria y la liquidación final correspondiente al cese laboral. El monto dependerá del sueldo, la antigüedad y los aportes jubilatorios. El pago podrá hacerse en una cuota, con un tope, o en cuotas mensuales hasta que el solicitante llegue a la edad jubilatoria. Para quienes no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse, se prevén pagos mensuales equivalentes al 60 por ciento del sueldo por un máximo de tres años.
Para calcular la antigüedad solo se computarán los años trabajados en la planta permanente, no el total del tiempo de servicio. Así, quienes hayan pasado por otras modalidades de contratación podrían tener menos años reconocidos que los efectivamente trabajados. El decreto señala que la precarización laboral en el Estado se extendió durante las últimas décadas.
Quienes acepten el retiro no podrán volver a la Administración Pública Nacional durante ocho años. Además, la norma dispone que “los cargos” de quienes se adhieran serán suprimidos, una medida que Sturzenegger había anticipado.
Quiénes pueden adherirse
El programa incluye al personal de planta permanente y a quienes tienen contratos por tiempo indeterminado. Quedan afuera integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y Policiales, la Secretaría de Inteligencia, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, las orquestas y ballets nacionales, y quienes trabajan en el exterior.
Tampoco podrán solicitarlo quienes hayan sido puestos en disponibilidad. Esa medida se aplicó luego de la disolución de ministerios, secretarías y otras dependencias, en el marco del abandono de políticas públicas. Para sumarse, quienes hayan iniciado juicios contra el Estado o reclamos administrativos deberán desistir de ellos. Los delegados gremiales, en tanto, tendrán que renunciar a su sindicato.
La inscripción permanecerá abierta durante noviembre y podrá extenderse por 30 días.
ATE cuestiona el carácter voluntario
ATE rechazó que el plan constituya una oportunidad y lo comparó con los retiros aplicados durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Sobre quienes se acogieron a esos programas, el gremio sostuvo que “terminaron haciendo cola en el trueque”. También denunció hostigamiento a empleados para que renuncien y convocó a una marcha para este miércoles a las 17 frente a la Quinta de Olivos, con la consigna “No se aguanta más”.
Como ejemplo de lo que denuncia, el sindicato mencionó la situación en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Según ATE, en esa área se eliminaron programas de asistencia social y despidieron a más de 3.600 empleados. Entre los recortes, señaló la no renovación de contratos —algunos trabajadores tenían más de 20 años de servicio, aunque continuaban bajo contratos temporarios— y la posterior puesta en disponibilidad de personal de planta permanente. El gremio también denunció una baja de salarios y el retiro de tareas.
El mes pasado, trabajadores que participaron en protestas y reclamos recibieron descuentos salariales de hasta el 60 por ciento, según la denuncia. ATE afirmó que se eliminaron sumas compensatorias que integraban sus ingresos habituales y que habían sido otorgadas por gobiernos anteriores para mejorar salarios bajos. También sostuvo que Pettovello mantiene paralizada la carrera administrativa.
“En nuestro organismo vivimos momentos donde el hostigamiento, el ninguneo y la persecución son una práctica permanente, porque nos quieren callados y disciplinados”, expresaron delegados de ATE en Desarrollo Social. Este lunes, junto con trabajadores del área, hicieron una olla popular en la plazoleta de Belgrano y Lima, frente a la histórica sede del ministerio.
Durante la actividad, los trabajadores manifestaron su preocupación por las políticas de asistencia a personas en situación de pobreza. Afirmaron que las organizaciones sociales dejaron de recibir alimentos para sus comedores y que los pocos que mantienen subsidios cuentan con 763 pesos por plato de comida.
Los retiros voluntarios estatales se implementaron en distintos períodos. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín tuvieron pocas adhesiones, en un contexto en el que la inflación reducía el valor de las indemnizaciones. El plan de De la Rúa tampoco tuvo una respuesta significativa; la desocupación de fines de los años 90 fue uno de los factores que desalentó la decisión. En cambio, durante el gobierno de Menem hubo retiros masivos vinculados con las privatizaciones de empresas públicas y la convertibilidad. Decenas de miles de trabajadores se sumaron y muchos destinaron el dinero a emprendimientos propios, como parripollos, maxikioscos y remiserías, actividades que luego fueron afectadas por la recesión económica.
