El Senado aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y ahora será debatida en la Cámara de Diputados.
El resultado llegó luego de negociaciones entre La Libertad Avanza y bloques aliados y dialoguistas. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aceptó modificaciones en dos puntos que generaban diferencias: los fondos para los servicios provinciales y la participación de psicólogos en las decisiones sobre internaciones y altas.
El PRO, la UCR y otros sectores respaldaban el proyecto, aunque varios senadores condicionaban su apoyo a la incorporación de garantías presupuestarias y al mantenimiento del abordaje interdisciplinario.
Recursos para las provincias
Uno de los principales reparos estuvo relacionado con el financiamiento de la reforma. Representantes provinciales advirtieron que las nuevas obligaciones podían aumentar las responsabilidades de las jurisdicciones sin garantizar recursos para incorporar profesionales, ampliar servicios y fortalecer los dispositivos de atención.
Ante esos planteos, el oficialismo aceptó reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El texto permite firmar convenios bilaterales para definir los aportes destinados a implementar los cambios.
La coordinación de los recursos quedará a cargo del Consejo Federal de Salud (COFESA). El dinero podrá utilizarse para fortalecer equipos de trabajo y dispositivos comunitarios, además de desarrollar herramientas de telemedicina, entre otras necesidades.
La senadora jujeña Carolina Moisés, de Convicción Federal, había alertado sobre la posibilidad de que aumentaran las internaciones sin que antes hubiera infraestructura y profesionales suficientes. “Coincidimos en la necesidad de la internación obligatoria, sin embargo, si no están los espacios físicos ¿dónde van a internar a los enfermos? ¿Si no se establece el financiamiento adecuado, quiénes van a atender a los pacientes en casos tan vulnerables?”, planteó.
La concreción de los compromisos de financiamiento dependerá de los convenios que se firmen y de los recursos presupuestarios disponibles.
El rol de los psicólogos
La conformación de los equipos que evalúan internaciones y altas fue otro punto de la negociación. El planteo inicial del Poder Ejecutivo otorgaba un lugar predominante a los psiquiatras. Facultades de Psicología y representantes provinciales objetaron esa propuesta y reclamaron conservar el enfoque interdisciplinario.
La versión aprobada indica que la evaluación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo. También prevé la intervención de psicólogos en las evaluaciones y en las decisiones sobre el alta de los pacientes.
Durante el debate, Bullrich rechazó que el tema se presentara como una disputa entre profesiones. “Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, sostuvo.
Qué cambios establece la reforma
El proyecto amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Si, de manera excepcional, un solo médico dispone una internación por riesgo grave, la decisión deberá ser ratificada mediante una evaluación interdisciplinaria dentro de las 48 horas.
La iniciativa también habilita las teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles y modifica el abordaje de los consumos problemáticos. Entre las adicciones que incorpora figura la ludopatía.
Se mantienen dos principios de la ley vigente: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.
El senador de La Libertad Avanza Pablo Cervi defendió la propuesta y dijo que permitirá actuar con mayor rapidez frente a situaciones críticas. “Esta reforma busca saldar una deuda histórica con las personas que atraviesan problemas de salud mental y sus familias, permitiendo intervenir a tiempo y, cuando sea necesario, facilitar internaciones que eviten situaciones de riesgo para los propios pacientes y para terceros”, afirmó.
Con la media sanción del Senado, el proyecto seguirá su trámite en Diputados. Para que quede aprobado, el oficialismo deberá reunir allí una mayoría.
