Oscar Puente anunció su renuncia como ministro de Transporte de España y como cabeza de la lista del PSOE por Valladolid, luego de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que dejaron 115 muertos.
“Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo en menos de un año. No solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes sino que renuncio como cabeza de lista (del PSOE) para Valladolid en las elecciones”, dijo Puente.
El primero de los siniestros ocurrió el 18 de enero de este año, en Adamuz. Un tren de Iryo operado por ILSA, que viajaba de Málaga a Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, donde chocó con una formación Alvia de Renfe que iba en sentido contrario hacia Huelva. Murieron 46 personas.
El segundo accidente tuvo lugar nueve meses después, el 28 de octubre. Un tren AVE de Renfe que recorría la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla chocó contra la parte trasera de una formación de Iryo que se encontraba detenida por una falla informática del sistema de señalización LZB. El impacto ocurrió a una velocidad de entre 160 y 200 km/h.
Cuatro coches del tren de Iryo se descarrilaron y quedaron aplastados tras caer por un terraplén en las cercanías de Urda, Toledo. El choque dejó 69 muertos y más de 200 heridos.
“Yo he querido abordar aquí la responsabilidad política y una decisión que tomé durante los primeros minutos del accidente. Esta decisión la hago pública hoy una vez cumplido el trabajo más urgente: adoptar las medidas para resarcir a las víctimas y aumentar la inversión”, señaló Puente. También sostuvo que su decisión “es una decisión de dignidad y es buena para el país y la democracia”.
El ministro afirmó que la seguridad ferroviaria debe estar por encima de la puntualidad y dijo: “Jamás pediría sacrificarla”. Según indicó, los retrasos medios en la línea Madrid-Sevilla bajaron de 16 a nueve minutos en un año, aunque aseguró que no pediría acortar los tiempos de viaje si eso implicara comprometer la seguridad.
Puente reconoció que el nuevo sistema de doble verificación no brinda garantías absolutas. También recordó que los protocolos anteriores estuvieron vigentes durante 34 años sin que ocurriera un accidente de estas características.
Más temprano, el Consejo de Ministros aprobó 30 millones de euros —unos 33,6 millones de dólares— en ayudas de emergencia para las víctimas del choque ocurrido cerca de Urda. El paquete incluye 15 millones de euros en ayudas directas y otros 15 millones para adelantar pagos de indemnización.
Las familias de las personas fallecidas recibirán alrededor de 72.121 euros —cerca de 80.776 dólares— como ayuda directa y una suma igual en concepto de indemnización anticipada. Para las personas heridas, los pagos se definirán según la gravedad de las lesiones.
La asistencia también duplica la indemnización del seguro obligatorio para pasajeros, prevé oficinas de apoyo especializadas y establece procedimientos para acompañar a quienes quedaron incapacitados para trabajar.
