El juez federal Lino Mirabelli procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos, ordenó un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. El expediente busca determinar el origen y el destino de los u$s200.000 que recibió en una cuenta bancaria de Estados Unidos, en una operación vinculada con una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado.
La resolución también procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino como presunto partícipe necesario del lavado y dispuso un embargo de $700 millones. A la sociedad familiar Varianza SA le fijó otro, por $500 millones.
La causa tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro. Entre los hechos investigados figura una transferencia del 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado.
La investigación intenta establecer si los fondos tenían un origen ilícito y si fueron incorporados al circuito económico y financiero para darles apariencia legal. El procesamiento no equivale a una condena y puede ser apelado ante la Cámara Federal de San Martín.
La transferencia y la defensa de Espert
Uno de los ejes del expediente es el origen del dinero. La fiscalía vincula la transferencia con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala relacionada con Machado, y pone en duda que el contrato de asesoramiento profesional presentado por Espert haya tenido una contraprestación efectiva.
El exdiputado sostuvo que el pago correspondía a un trabajo de consultoría para esa compañía. En julio pasado, cuando amplió su declaración indagatoria ante Mirabelli, presentó un escrito de descargo con documentación y correos electrónicos que, según planteó, respaldarían la contratación. También pidió que se lo sobreseyera.
La pesquisa busca reconstruir el recorrido del dinero tras la transferencia y determinar si se destinó a la compra de bienes o al pago de gastos. Entre los movimientos patrimoniales bajo análisis hay operaciones relacionadas con vehículos y un proyecto inmobiliario.
El vínculo con Machado también integra la investigación. El empresario fue investigado en Estados Unidos por delitos financieros y vinculados al narcotráfico, y finalmente fue extraditado a ese país.
Los planteos que rechazó la Cámara
Antes del procesamiento, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín rechazó objeciones de Espert a distintas medidas de prueba y confirmó que la causa debía seguir adelante.
En una resolución del 15 de octubre, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones rechazaron los planteos de nulidad de la defensa. Entre las medidas cuestionadas estaban testimonios tomados sin notificación previa, pedidos de información patrimonial, informes de inteligencia reservados y el análisis forense de dispositivos electrónicos.
Los jueces consideraron que no se había acreditado una afectación concreta de las garantías constitucionales de Espert y sostuvieron que “la nulidad es una sanción legal que debe adoptarse restrictivamente”.
Sobre los testimonios, señalaron que la defensa no identificó cuáles declaraciones pretendía invalidar ni explicó qué perjuicio irreparable le habían ocasionado. Añadieron que los abogados podían solicitar que los testigos volvieran a declarar para controlar esa prueba.
La defensa también cuestionó los pedidos de información bancaria, fiscal y financiera sobre Espert y su entorno. La Cámara respondió que esas medidas contaban con autorización judicial y estaban vinculadas con el objeto de la causa.
En cuanto a los informes de inteligencia clasificados como secretos, el tribunal indicó que no fueron citados ni utilizados como prueba de cargo en los dictámenes posteriores de la fiscalía. Por ese motivo, entendió que el perjuicio alegado no se apoyaba en elementos concretos.
Los camaristas también rechazaron el pedido para apartar al fiscal federal Fernando Domínguez, a quien la defensa había atribuido una supuesta pérdida de objetividad.
La causa seguirá su curso
La defensa había pedido el sobreseimiento del exdiputado y la invalidez de distintas medidas incorporadas al expediente. La Cámara desestimó los planteos que buscaban frenar la investigación y Mirabelli consideró que existen elementos suficientes para procesarlo por presunto lavado de activos.
El caso se centra en los u$s200.000 transferidos en enero de 2020, aunque también busca establecer si hubo una maniobra para incorporar fondos de origen ilícito al sistema financiero y patrimonial. La resolución puede ser revisada por la Cámara Federal. Mientras tanto, Espert continuará sometido al proceso penal, con la prohibición de salir del país y el embargo sobre sus bienes.
