El Senado comenzará a debatir este miércoles dos iniciativas con propuestas diferentes para el cabotaje y la marina mercante argentina. El plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda está previsto para las 17, en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
Ambos proyectos buscan revitalizar el transporte marítimo y fluvial, pero difieren sobre el lugar que ocuparían las embarcaciones extranjeras. También ponen en discusión la competitividad logística, el empleo local y los incentivos para la industria naval.
Más participación de buques extranjeros
El expediente S-1844/26 fue presentado por la senadora jujeña María Carolina Moisés junto con legisladores de distintos bloques, entre ellos Patricia Bullrich. Propone un nuevo régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria que habilitaría una mayor participación de buques de bandera extranjera en el transporte dentro del país.
El proyecto conserva algunas actividades para embarcaciones argentinas, como la pesca, el transporte de combustibles y determinados servicios portuarios. Entre sus objetivos están ampliar la oferta de servicios navieros, impulsar la competencia y reducir los costos logísticos.
Para avanzar en esa dirección, plantea simplificar las operaciones de buques extranjeros, establecer beneficios fiscales para armadores nacionales, facilitar el ingreso de contenedores mediante la admisión temporaria y digitalizar documentación del transporte marítimo.
Los fundamentos sostienen que la propuesta permitiría aprovechar la infraestructura portuaria y ofrecer alternativas al predominio del transporte por camión, en especial para las provincias alejadas de los principales centros logísticos y exportadores.
Incentivos para la flota nacional
El segundo proyecto, identificado como S-1247/26, es impulsado por el senador chaqueño Jorge Capitanich junto con legisladores de Unión por la Patria. Crea el Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (RETCAN), orientado a recuperar y ampliar la flota del país.
La iniciativa propone crear un registro especial para incorporar buques bajo un esquema promocional. Las embarcaciones inscriptas recibirían un tratamiento equivalente al de bandera argentina y podrían operar tanto en el cabotaje como en la navegación internacional.
Los buques incluidos en el régimen deberán contar con tripulación argentina y ajustarse a la legislación laboral, previsional y judicial nacional. El uso de embarcaciones extranjeras para el cabotaje quedaría como una opción excepcional: solo se autorizaría si no hubiera buques nacionales disponibles para prestar el servicio.
El texto también contempla un sistema de impuesto al tonelaje y beneficios para armadores que construyan, reparen o modernicen sus barcos en astilleros argentinos. El régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
La preocupación de empresas y sindicatos
Cámaras empresarias y sindicatos de la actividad marítima y fluvial siguen el debate con preocupación, en particular por los cambios que podría introducir la iniciativa de Moisés y la posibilidad de una mayor desregulación del sector.
Representantes de la actividad advierten sobre posibles efectos en la marina mercante, la industria naval y los puestos de trabajo argentinos. También plantean que las embarcaciones de países vecinos, principalmente Paraguay y Bolivia, compiten con condiciones impositivas, laborales y de costos diferentes.
Entre los reclamos del sector está establecer reglas de competencia que no perjudiquen a las empresas argentinas ni reduzcan la contratación de mano de obra nacional. Sus representantes también expresaron preocupación por el rumbo desregulatorio del Gobierno nacional y sus posibles consecuencias para una actividad que consideran estratégica para el transporte, el comercio exterior y la soberanía logística.
El plenario abrirá una discusión entre dos enfoques: uno propone ampliar la competencia con la incorporación de buques extranjeros y el otro prioriza la flota argentina mediante incentivos, empleo local y beneficios para la construcción y reparación naval en el país. Participarán senadores y representantes de empresas, sindicatos, trabajadores, armadores e industria naval.
