El Gobierno planea dejar de pagar cerca de 20.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC) tras detectar presuntas irregularidades en la revisión de más de 1,1 millones de beneficiarios. Funcionarios indicaron que la primera tanda de bajas podría anunciarse el martes, miércoles o jueves próximos.
Las PNC son prestaciones para personas que acreditan una incapacidad física para trabajar, no tienen recursos propios para mantenerse y reúnen otros requisitos. El Gobierno calificó como “truchas” las pensiones que prevé dar de baja. También advirtió que la auditoría seguirá y que podría suspender más pagos si aparecen nuevas irregularidades.
Desde el Ejecutivo sostienen que la revisión no alcanzará a quienes tienen una discapacidad y cumplen las condiciones para recibir la prestación. “Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan”, afirmaron funcionarios.
En la Casa Rosada creen que podría haber más beneficiarios que no reúnen los requisitos. Algunos funcionarios se refieren a esos casos como pensiones “fantasmas”. El Gobierno considera que el proceso está en una etapa inicial y anticipa que podría derivar en nuevas bajas.
La auditoría avanza mientras el Congreso debate una nueva Ley de Discapacidad. La Cámara de Diputados le dio media sanción el 22 de octubre pasado, luego de que el oficialismo aceptara modificar el proyecto enviado por la Casa Rosada. Entre los cambios se eliminaban distintos beneficios y subsidios, incluidas las PNC, pero las pensiones permanecieron en el texto tras los reclamos de aliados legislativos. La iniciativa todavía debe ser aprobada por el Senado.
El tratamiento legislativo llevaba más de un año demorado. Organizaciones del sector reclaman desde hace tres años presupuestos acordes para los organismos públicos que llevan adelante programas de asistencia. En el oficialismo, el presidente de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostraron más receptivos a esos planteos. En el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y en el entorno del presidente Javier Milei hubo reparos por el aumento del gasto. Desde el Ministerio de Salud, en tanto, manifestaron preocupación ante la posibilidad de que los nuevos recursos favorezcan más a contratistas que a las personas con discapacidad.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, interviene en el análisis del financiamiento de la nueva norma. La media sanción supondría modificaciones en el presupuesto de 2027, un efecto que el Gobierno no cuestionó públicamente. Mientras tanto, las autoridades siguen con las auditorías y sostienen que eliminarán las prestaciones cuando comprueben irregularidades.
Funcionarios también objetan el crecimiento de la cantidad de beneficiarios durante la presidencia de Alberto Fernández. Afirman que se concedieron pensiones por “motivos políticos, proselitistas, y no porque se repartieron para quienes las necesitan de verdad”. En mayo de 2023, la gestión anterior había anunciado la entrega de 300.000 PNC. El actual Gobierno sostiene que algunas se otorgaron sin justificación y afirmó: “Entregaron pensiones a quienes no sufren ninguna incapacidad física”.
La revisión incluyó establecimientos de la provincia de Buenos Aires que recibían fondos públicos por brindar servicios a personas con discapacidad. Uno de los casos señalados por el Gobierno es el de la Fundación METAS, ubicada en La Reja, partido de Moreno. La entidad figuraba registrada desde 2016 como “Servicio de Apoyo a la Integración Escolar” (SAIE).
De acuerdo con las inspecciones oficiales, el 28 de julio de 2025 el establecimiento estaba cerrado y no tenía carteles que identificaran a la fundación. El 7 de agosto, los inspectores encontraron el edificio sin agua ni electricidad, sin muebles y con desechos. Al día siguiente intentaron volver, pero no pudieron ingresar. El 17 de septiembre del año pasado, METAS fue dada de baja del sistema SENADIS. Entre febrero de 2017 y 2025 había facturado más de 6.200 millones de pesos de fondos públicos. Según el relato oficial, tras la clausura nadie de la institución presentó un reclamo.
Las PNC tienen un monto mensual cercano a los 380.000 pesos y sus titulares también pueden recibir medicamentos mediante el programa Incluir Salud. El Gobierno afirma que la revisión podría extenderse a subsidios y certificados de discapacidad. Aliados legislativos de La Libertad Avanza aceptarían esas medidas si cuentan con documentación y pruebas que las respalden.
La difusión de los resultados de las auditorías se había demorado en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En agosto del año pasado se conocieron audios del entonces titular del organismo, el abogado Diego Spagnuolo, en los que hablaba con un interlocutor desconocido sobre un supuesto esquema de recaudación ilegal y reparto de coimas entre funcionarios y personas de la Casa Rosada, entre ellas Karina Milei y “Lule” Menem.
Spagnuolo fue removido por decreto, que invocó la Ley de Ética Pública. Era amigo del Presidente, lo visitaba cada semana en la Residencia de Olivos y había sido su abogado personal. Ante la Justicia, afirmó que los audios en los que se lo escucha hablar de coimas en la ANDIS habían sido manipulados.
El fiscal Franco Picardi, con el aval de los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo, le tomó declaración indagatoria y lo procesó tras reunir pruebas sobre compras de medicamentos con sobreprecios en el organismo. La investigación sigue en curso. En ese marco, el Gobierno prevé comunicar los primeros resultados de la auditoría y las bajas que, según sostiene, surgen de las irregularidades detectadas.
