El Municipio de San Miguel de Tucumán y el Concejo Deliberante analizarán cómo regularizar los edificios que no tienen certificado de final de obra. El trabajo buscará diferenciar los incumplimientos administrativos de aquellos que puedan comprometer la seguridad de las personas.
El tema se abordó este miércoles en una reunión con integrantes de las comisiones de Obras Públicas y de Planeamiento y funcionarios municipales. El encuentro se convocó tras una resolución aprobada por unanimidad en la última sesión, que solicitó información sobre la situación de las construcciones de la ciudad.
El relevamiento presentado registró 254 inmuebles sin final de obra sobre unos 1.450 edificios. También se mencionó un universo cercano a las 1.500 edificaciones y más de 200 casos con dificultades de distinto tipo. El presidente del Concejo, Fernando Juri, había hablado inicialmente de alrededor de 250 edificios y luego precisó que el número relevado era 254.
Los participantes acordaron estudiar cada situación por separado. Algunas podrían resolverse mediante trámites pendientes y sanciones, mientras que otras necesitarían estudios técnicos antes de una eventual habilitación. Además, intercambiarán información y el Municipio elaborará un informe para ordenar las irregularidades de acuerdo con su gravedad.
Controles y alternativas normativas
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, explicó que las inspecciones se realizan con las áreas de Catastro y Defensa Civil. Las tareas preventivas también incluyen locales bailables e instituciones educativas. Según indicó, el encuentro abrió la posibilidad de revisar las normas vigentes y proponer cambios si fueran necesarios.
Luis Lobo Chaklián, coordinador de la Secretaría de Obras Públicas, señaló que analizaron por qué algunos edificios todavía no consiguieron el certificado. Entre los incumplimientos de menor complejidad enumeró diferencias de superficie, cocheras y dimensiones de espacios. Los casos que presenten un riesgo mayor deberán contar con evaluaciones técnicas específicas.
El Municipio deberá presentar un informe más detallado para distinguir las situaciones graves de las que podrían resolverse con un trámite más ágil. Lobo Chaklián también indicó que el Concejo se comprometió a estudiar una ordenanza para normalizar los casos subsanables y destacó el trabajo conjunto entre la gestión de la intendenta Rossana Chahla y el cuerpo que preside Juri.
La seguridad, condición para regularizar
Juri planteó que las infracciones tienen distinto alcance: algunas son administrativas y otras podrían afectar la estabilidad de las construcciones o las condiciones de evacuación. El Concejo podría considerar excepciones para irregularidades corregibles que no impliquen peligro. «Mediante ordenanza se podría aprobar la excepción en tanto y en cuanto no signifique una inseguridad para las personas», afirmó.
En cambio, los edificios que se apartaron de manera considerable de los planos aprobados o no tienen estudios técnicos indispensables deberán afrontar controles más estrictos. Juri aclaró que el proceso no apunta a impulsar desalojos generalizados y que esa medida debería reservarse para los casos en que exista peligro para la vida.
El titular del Concejo también señaló que algunas empresas constructoras recibieron multas por incumplimientos y no regularizaron su situación. Sostuvo que las firmas tienen responsabilidad en ejecutar las obras de acuerdo con los proyectos autorizados.
Las familias que esperan sus escrituras
El concejal Federico Romano Norri, presidente de la Comisión de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, destacó la situación de las familias que compraron sus viviendas de buena fe y no pueden obtener las escrituras. «El que ha comprado de buena fe, con un esfuerzo y sacrificio de toda una vida, quiere acceder a su vivienda y hoy no tiene escritura. Así que, en función de eso, queríamos ver de regularizar esta situación», expresó.
Romano Norri indicó que la convocatoria contó con el acompañamiento de todos los bloques y permitió recibir información de Catastro, Defensa Civil y Obras Públicas. Entre las falencias relevadas mencionó la falta de matafuegos, luces de emergencia y rampas de accesibilidad, además de problemas que podrían afectar a residentes o a terceros.
También describió edificios sin conexiones individuales regularizadas a los servicios públicos. En algunos casos, los ocupantes utilizan garrafas o distribuyen entre las unidades el costo de una factura de electricidad. El concejal sostuvo que las soluciones buscan ayudar a quienes compraron de buena fe y necesitan una escritura y condiciones seguras, no beneficiar a las empresas.
El problema, explicó, incluye tanto construcciones antiguas cuyos sistemas pueden haber quedado obsoletos como edificios recientes con deficiencias en los controles o en el cumplimiento de requisitos técnicos. El análisis de posibles medidas se vincula con la actualización del Código de Planeamiento Urbano, prevista para el próximo año.