253 edificios de San Miguel de Tucumán no cuentan con certificado de final de obra y más de seis de cada diez están terminados y habitados. La directora de Catastro municipal, Nora Belloni, expuso esos datos ante el Concejo Deliberante y advirtió que todavía no se sabe cuántos inmuebles podrían comprometer la seguridad de sus ocupantes.
El relevamiento contempla alrededor de 1.400 construcciones. Entre las que no tienen certificación, otro 8,7% aparece como terminado, aunque desocupado. Belloni aclaró que los datos no están separados por zonas de la ciudad. “Mucha gente está afectada porque no puede tener sus escrituras”, señaló.
La presentación se realizó en respuesta a la Resolución N° 5.067/26, aprobada en agosto, luego de la explosión y el incendio en el edificio de Monteagudo 120, frente al Concejo. El inmueble carecía de final de obra y recibía intimaciones municipales por irregularidades desde 2018. Tras el episodio, los concejales Gustavo Cobos y José María Canelada impulsaron una auditoría. Para acordar una propuesta entre los bloques, la iniciativa fue reemplazada por una reunión con las áreas municipales involucradas.
El encuentro tuvo lugar en el quinto piso del Concejo Deliberante y fue abierto por su presidente, Fernando Juri. Asistieron las comisiones de Obras Públicas y Estética, presidida por Federico Romano Norri, y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, a cargo de Facundo Vargas Aignasse. Por el Municipio participaron Belloni; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández; y el arquitecto Luis Lobo Chaklián, responsable técnico del nuevo Código de Planeamiento Urbano.
Relevamiento de riesgos
Consultado por los concejales sobre la posible existencia de edificios que pongan en peligro a sus ocupantes, Fernández explicó que distintas áreas municipales cruzan información para determinarlo. Indicó que inspeccionaron 112 unidades y no encontraron riesgos para sus habitantes. No se aclaró si esos inmuebles están incluidos entre los 253 que carecen de final de obra. “Según fuentes extraoficiales, lo que pasó en Monteagudo al 120 no está relacionado con la seguridad del edificio”, afirmó.
Ernesto Nagle pidió concentrar el trabajo en detectar las unidades riesgosas y alertó sobre las responsabilidades políticas que pueden derivarse de incumplimientos privados. “Cuando sucedió lo del frente, la ciudadanía dijo que la culpa era de los funcionarios del Municipio y de los concejales”, recordó. “No hay diferencia de bancada política en esto. Si la gestión privada no cumple con las cosas, dejamos en manos que pueda haber una tragedia. Nosotros y ustedes quedamos muy expuestos”, sostuvo.
Herramientas de control
Cobos advirtió que algunas obras continúan pese a las notificaciones y multas. Propuso evaluar herramientas de intervención más eficaces para evitar que los incumplimientos se extiendan hasta que las empresas soliciten excepciones. En tanto, José María Franco planteó dar prioridad al área central para acelerar el relevamiento.
Lobo Chaklián relacionó parte de las irregularidades con prácticas de administraciones anteriores. “Las herencias de gestiones anteriores hay que transparentarlas y normalizarlas”, expresó. También informó que se detectaron alrededor de 17 construcciones con peligro de derrumbe y que el Ejecutivo intervino en siete. Según señaló, el nuevo Código de Planeamiento Urbano debería ayudar a corregir las deficiencias existentes.