Luiz Inácio Lula da Silva comenzará en enero su cuarto mandato en Brasil con una economía que rindió mejor de lo esperado, pero que mantiene desequilibrios fiscales y problemas estructurales. La deuda, el costo del crédito y las dificultades para construir acuerdos en el Congreso condicionan las decisiones del Gobierno y la continuidad de sus programas sociales.
Deuda y presión sobre el gasto
Durante la actual gestión de Lula, la deuda pública aumentó más de 10 puntos porcentuales y superó el 82% del Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento de los gastos obligatorios contribuyó al aumento y encareció el financiamiento. Hoy, menos del 8% del presupuesto federal está disponible para partidas que pueden modificarse.
El presidente dio señales distintas sobre el rumbo fiscal. En algunas ocasiones descartó las preocupaciones por la deuda y las calificó de “tonterías”; también afirmó que un mayor crecimiento económico permitiría resolver el problema.
Su equipo se comprometió a sostener las reglas presupuestarias actuales, que limitan el aumento del gasto y fijan metas de resultado primario, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos antes del pago de intereses. También dejó abierta la posibilidad de aplicar condiciones más estrictas.
El compromiso de aumentar el salario mínimo por encima de la inflación puede dificultar el cumplimiento de las metas, ya que también encarece las jubilaciones. A esto se agregan la ampliación de las prestaciones sociales y otros gastos prometidos por el Gobierno.
Inflación y crédito caro
La política monetaria es otro de los frentes. La inflación anual de Brasil llegó al 4,6%, por encima del límite de tolerancia del Banco Central, fijado en 4,5%. La tasa de interés se ubica en el 13,75%.
En septiembre, el Banco Central redujo las tasas por quinta vez consecutiva, ante señales de desaceleración económica. Pese a esos recortes, los mercados prevén que la inflación seguirá por encima del objetivo oficial del 3% hasta bien entrado 2029.
Lula propone bajar los intereses mediante una mayor disciplina fiscal y, al mismo tiempo, mantener los programas sociales. La mayoría de los economistas considera que una reducción más rápida requeriría recortar el gasto público, una medida que choca con los compromisos sociales del mandatario.
El financiamiento costoso también pesa sobre hogares y empresas. La agencia de información crediticia Serasa calcula que casi 84 millones de brasileños y 9,3 millones de compañías tienen pagos atrasados, un récord que atribuye al efecto de las tasas elevadas.
La situación aumentó el descontento social, aunque el desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos y los salarios avanzan por encima de la inflación.
Para reducir la presión, Lula prepara nuevas medidas de asistencia financiera. El plan incluye comprar a los bancos, con descuento, préstamos hipotecarios problemáticos y condonar deudas tributarias a algunos propietarios de pequeñas empresas. Analistas advierten que el alivio podría ser temporal.
El Gobierno también mantuvo conversaciones con el Banco Central para limitar el uso excesivo de créditos costosos, como las tarjetas y los préstamos personales sin garantía. Por ahora, no presentó una propuesta concreta.
Un Congreso conservador y reformas pendientes
La agenda económica dependerá también de las negociaciones legislativas. Las elecciones dejaron un Congreso con una composición conservadora inédita desde el regreso de Brasil a la democracia, en la década de 1980.
Aunque Lula derrotó al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, el Partido Liberal y sus aliados quedaron cerca de controlar ambas cámaras. Ese escenario complica el intento oficialista de reducir las exenciones fiscales, una iniciativa resistida por legisladores que se oponen a medidas que aumenten la carga tributaria efectiva.
Durante su actual mandato, el presidente también tuvo dificultades para obtener en el Senado la aprobación de candidatos para organismos clave, entre ellos la Corte Suprema, el Banco Central, el regulador de valores y el organismo antimonopolio. El avance de la derecha podría profundizar esos obstáculos.
Otro desafío será poner en marcha la reforma integral de los impuestos al consumo, aprobada por el Congreso en 2023. El nuevo impuesto al valor agregado comenzará a regir en enero, pero el Gobierno todavía no informó cuál será la tasa efectiva. Analistas independientes la calculan en torno al 28%.
Además, la administración aplazó el envío al Congreso de un proyecto para gravar productos considerados perjudiciales para la salud o el medio ambiente, como los cigarrillos y el alcohol. La decisión estuvo vinculada al temor de generar una reacción negativa durante la campaña electoral.
La demora podría postergar ingresos fiscales y sumó cuestionamientos a la gestión tributaria. En el próximo mandato, Lula deberá equilibrar las cuentas públicas, contener la inflación y sostener el gasto social, además de buscar acuerdos para avanzar con las reformas pendientes.
