Tucumán acordó desistir de dos demandas contra el Estado nacional que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Los procesos, iniciados en 2019, cuestionaban medidas que modificaron impuestos coparticipables. El acuerdo se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), por el que la provincia recibió un anticipo financiero en abril.
El convenio fue firmado el 23 de julio por el ministro de Economía tucumano, Daniel Abad, y el titular de la cartera nacional, Luis “Toto” Caputo. Se encuadra en el Decreto 219/2026, que habilitó anticipos financieros de hasta $400.000 millones para 12 provincias, entre ellas Tucumán.
La medida quedó aprobada por el decreto provincial 1680/3 (MEyP), emitido en julio y publicado este jueves en la edición digital del Boletín Oficial de la Provincia. La norma autorizó a la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado a desistir de los dos procesos.
El origen de las demandas
Un informe de la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, indica que durante el segundo semestre de 2019, bajo la gestión del expresidente Mauricio Macri, el Poder Ejecutivo Nacional “dictó de manera unilateral los decretos 567/2019 (alícuota del 0% de IVA en alimentos) y 561/2019 (modificaciones en Ganancias, Monotributo y aportes previsionales)”.
El documento señala que las medidas, presentadas como un alivio económico, incidían sobre los recursos provinciales. “Aunque promovidas como medidas de alivio económico, ambas disposiciones vulneraban el régimen de coparticipación federal al financiar reducciones impositivas nacionales con fondos que pertenecían a las provincias”, sostiene.
Ante el riesgo de una reducción de los fondos coparticipables, Tucumán obtuvo dos medidas cautelares. La primera, dictada el 1 de octubre de 2019, estableció que el Estado nacional afrontara con recursos propios el costo fiscal de la rebaja del IVA. La segunda, del 8 de octubre, dispuso lo mismo respecto de la detracción vinculada al Impuesto a las Ganancias.
La Fiscalía afirma que las decisiones judiciales evitaron la pérdida de ingresos y resguardaron la autonomía tributaria provincial. También señala que las causas quedaron formalmente suspendidas tras la firma del Consenso Fiscal 2020. Según el organismo, la derogación de las normas cuestionadas y la celebración de nuevos acuerdos federales hicieron que las acciones cumplieran su objetivo de proteger los recursos públicos. El informe agrega que la Corte había fallado en el mismo sentido en causas de Catamarca, Chubut y Entre Ríos.
Compensación de obligaciones
El decreto incorpora al REOR, creado en 2024, “acreencias y obligaciones recíprocas y obligaciones recíprocas existentes entre el Estado Nacional y la Provincia de Tucumán, estableciendo el mecanismo para su compensación, la determinación del saldo resultante, las condiciones para su cancelación y demás obligaciones asumidas”. El convenio busca, según el texto, “el saneamiento de las relaciones financieras existentes entre el Estado Nacional y la Provincia de Tucumán”.
La norma incluye el desistimiento de los dos juicios dentro del mecanismo integral de compensación. Entre sus considerandos, plantea que la operatoria permitirá ordenar las obligaciones entre ambas jurisdicciones, fortalecer la disponibilidad financiera del Tesoro provincial y contribuir al equilibrio de las cuentas públicas.
El retiro de las causas también está mencionado en el proyecto de Presupuesto nacional para 2027, en el apartado dedicado a la coordinación fiscal provincial. La iniciativa afirma: “Durante 2025 y el transcurso de 2026 se dio continuidad y se profundizó la política de reorganización y racionalización en la administración pública nacional. Se mantuvo la necesidad de consolidar el equilibrio fiscal, la disminución de la presión tributaria sobre el sector privado y la eliminación de la discrecionalidad en la asignación de las transferencias presupuestarias promoviendo criterios de transparencia, equidad y automaticidad”.
El proyecto agrega que, “en el marco del federalismo de concertación”, disminuyó la conflictividad con las provincias y estas desistieron de 37 procesos judiciales en el REOR. Dos de esos expedientes correspondían a Tucumán.
