El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identificación de Carlos Rafael Medina, estudiante de 20 años que fue secuestrado de su casa en Tucumán en abril de 1976. Sus restos habían sido recuperados del Pozo de Vargas, en Tafí Viejo.
La persecución contra estudiantes tucumanos comenzó cinco meses antes de los secuestros de alumnos secundarios en La Plata, conocidos como la Noche de los Lápices. Entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1976, tres semanas después del golpe de Estado del 24 de marzo, varios grupos armados secuestraron de sus hogares a por lo menos seis jóvenes. La mayoría tenía entre 20 y 26 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), varios de ellos en la Facultad de Bioquímica y Química.
Ninguno volvió a su casa y sus familias pasaron décadas sin saber qué había ocurrido. Con los años, algunos de sus nombres se conocieron a partir de las identificaciones de restos hallados en el Pozo de Vargas.
Carlos Medina, el último identificado
Medina vivía con su familia en el Barrio Mercantil, en la comuna de El Manantial, al suroeste de la capital provincial. Aquella madrugada, hombres armados entraron en la vivienda, la revisaron y se lo llevaron frente a su madre, su hermana, su cuñado y su sobrino. El EAAF indicó que otros compañeros suyos también fueron secuestrados durante esos días.
Los restos fueron recuperados por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Para identificarlos, se analizaron muestras de sangre de sus hermanos, Silvia y Jorge Medina, en el marco de un convenio entre el EAAF y la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán.
La familia recibió la noticia en una audiencia del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez. Estuvieron los dos hermanos de Carlos, el esposo de Silvia, un hijo y dos nietos de ella. La restitución de los restos y la ceremonia de despedida se harán en los próximos días.
Los secuestros de abril
Durante esa misma madrugada, otro grupo irrumpió en la casa de Clara Nélida Medina de Bianchi, quien años más tarde fundaría la filial tucumana de Madres de Plaza de Mayo. Unos doce hombres armados, con el rostro cubierto y pelucas, buscaban a su hijo, Ramón Oscar Bianchi, delegado estudiantil de Bioquímica.
Como no lo encontraron, golpearon a la familia y secuestraron al marido de Clara, Francisco Rizo, quien apareció horas después en Tafí Viejo. Antes de retirarse, saquearon la vivienda. “Hasta se comieron lo que había en la heladera”, recordó Nelly ante el Tribunal Oral Federal, durante su testimonio, con el pañuelo blanco en la cabeza.
Oscar fue secuestrado esa noche en la casa que compartía con su esposa y la familia de ella. Un sobreviviente dijo que lo había visto en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso norte a la capital. Sus restos fueron identificados en el Pozo de Vargas en marzo de 2015.
También hubo un operativo en una vivienda de Sáenz Peña al 200, donde residían Julio Arnaldo del Castillo y su esposa, Marta Pérez, ambos salteños. Julio tenía 26 años, trabajaba como técnico químico en el Ingenio Fronterita, estudiaba Bioquímica y militaba en el Peronismo de Base.
Marta relató ante los jueces: “Decían que buscaban literatura subversiva. Cuando se estaban por retirar, corrí hasta la habitación en donde lo tenían. Julio ya estaba vendado y con las manos atadas. Me arrastraron hasta el cuarto de nuevo. Quedé sentada en la cama, con seis tipos. Uno se sacó la máscara”. Años después, mientras presenciaba el juicio Jefatura I, reconoció entre los imputados a Luis De Cándido como el hombre que se había quitado la máscara.
Marta debió esconderse durante años y su casa fue saqueada. Otros detenidos declararon que compartieron el cautiverio con Julio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y que lo vieron en muy mal estado. Sus restos fueron identificados en el Pozo de Vargas en marzo de 2017. Al finalizar su declaración, su esposa pidió: “Espero que la impunidad termine y que no quede un solo genocida afuera”.
En otro punto de la capital tucumana, un grupo armado secuestró juntos a los hermanos Jorge Luis y Roberto Julio Romero Toledo, de 21 y 22 años. Los dos estudiaban en la universidad; Roberto también era técnico químico y cursaba Bioquímica. No hay testimonios sobre su paso por un centro clandestino. Sus restos fueron hallados en la fosa de Tafí Viejo e identificados en octubre de 2016.
Unas horas antes, el 14 de abril, tres hombres de civil y fuertemente armados habían sacado de su casa de Bernabé Aráoz al 900 a Humberto Reyes Morales, de 22 años, estudiante de Química. Entre ellos estaba Roberto Heriberto Albornoz, conocido como El Tuerto, quien entonces era jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía tucumana y luego fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Reyes Morales fue visto en el Arsenal en mayo de 1976 y sus restos fueron identificados en el pozo en 2016.
El secuestro de Luis Falú en septiembre
La persecución siguió durante el resto del año. El 14 de septiembre de 1976, dos días antes del inicio de los secuestros de estudiantes secundarios en La Plata, un grupo de tareas interceptó a Luis Falú a pocos metros de la casa de su familia, en Lamadrid al 600, en el centro de San Miguel de Tucumán.
Tenía 25 años, trabajaba en Gas del Estado y estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Militaba en el Integralismo, una agrupación universitaria del peronismo revolucionario. Su familia lo llamaba Lucho. Era hermano del guitarrista y compositor Juan Falú y sobrino del folclorista Eduardo Falú.
Fue llevado al Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde lo torturaron. Durante años, sus familiares no supieron qué había pasado con él. En los juicios por delitos de lesa humanidad declaró el exgendarme Omar Torres, quien había custodiado a los detenidos en ese centro clandestino. Torres dijo que vio a Antonio Domingo Bussi, exgobernador de facto y condenado por delitos de lesa humanidad, ejecutarlo de un disparo en la sien.
El exgendarme explicó que recordaba el apellido de Falú por su parentesco con el músico. Según su testimonio, Bussi comenzaba las rondas de fusilamiento para comprometer a sus oficiales. Los cuerpos eran quemados en una fosa dentro del predio o trasladados en camiones cuyo destino se desconocía. La reconstrucción señalaba que podrían haber sido llevados al Pozo de Vargas. El caso de Lucho fue uno de los que derivaron en una condena a prisión perpetua para Bussi.
“Ese lugar está asociado a Bussi porque él le dio un tiro en la cabeza a Lucho, mientras estaba arrodillado, con los ojos vendados y las manos atadas atrás”, contó Juan Falú. Empezó a visitar el Pozo de Vargas cuando comenzaron las excavaciones, antes de tener indicios de que su hermano pudiera estar allí.
El 7 de junio de 2016, peritos del EAAF y del CAMIT comunicaron a la familia que los restos de Lucho habían sido identificados en la fosa de Tafí Viejo. Sus familiares dudaron en contárselo a su madre, Esther, que tenía 99 años y estaba muy enferma. Juan recordó: “Era una noticia largamente esperada, necesaria. A las pocas horas murió, su reacción fue yéndose, en paz, antes de cumplir sus 100”.
Juan Falú se preguntó muchas veces cuál había sido el recorrido nocturno de los camiones que llevaban cuerpos desde el Arsenal hasta el pozo, en lo que describió como un segundo intento de borrar todo rastro. Para él, ese lugar adquirió otro sentido: “El Pozo de Vargas es la luz de los que están ahí abajo”, reflexionó.
