El inversor Juan Patricio Marchetto presentó la primera apelación contra los sobreseimientos en el caso $LIBRA. Solicitó que continúe la investigación penal sobre el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los otros nueve imputados. Otros damnificados también adelantaron que recurrirán la decisión, aunque ya no están habilitados como querellantes.
El escrito, patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, objeta los argumentos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el desempeño del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de los acusados.
Marchetto fue apartado del expediente como querellante y la Cámara Federal ratificó esa medida. A la espera de que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva su recurso para recuperar esa condición, sostiene que puede impugnar el cierre de la causa. Argumenta que, de lo contrario, una eventual decisión favorable sobre su participación podría llegar cuando la investigación ya haya terminado.
En la apelación, plantea que el juez resolvió el cierre definitivo sin que se completaran medidas de prueba y que la resolución contiene contradicciones. También cuestiona que los elementos incorporados al expediente hayan sido analizados de manera parcial.
Objeciones al fallo y a la fiscalía
Uno de los cuestionamientos centrales se refiere a la diferencia entre no contar todavía con pruebas suficientes para acreditar un delito y concluir que los hechos investigados no son delictivos. Para Marchetto, el fallo confundió esos criterios y no fundamentó por qué lo reunido no ameritaba continuar con la investigación.
El recurso atribuye a Taiano demoras en medidas de prueba, la falta de citación de testigos que podrían aportar información y que no haya solicitado las declaraciones indagatorias de los imputados. Además, cuestiona que el fiscal pidiera cerrar el expediente mientras seguían pendientes diligencias que él mismo había ordenado.
“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo el inversor.
Entre las medidas que, según el escrito, debían profundizarse figura la ampliación de las pericias telefónicas de los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, mencionados en el expediente por haber recibido fondos del estadounidense Hayden Davis.
Marchetto también objetó que no se convocara a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, y a Yanina Nicoletti, quien fue la primera abogada de Davis en la Argentina. El planteo sostiene que el cierre no debía resolverse sin considerar esas diligencias pendientes ni la falta de indagatorias a los once imputados sobreseídos.
Las comunicaciones antes de la publicación
La apelación vuelve sobre los contactos entre Milei y Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, en los minutos previos a que el Presidente difundiera la criptomoneda en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025.
Los registros citados en el recurso consignan llamadas de Novelli a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. También indican que a las 18:56:22 el mandatario recibió una llamada entrante del operador. La publicación presidencial que promocionó $LIBRA apareció a las 19:01:22.
La presentación agrega que, de acuerdo con la reconstrucción que incluye, 74 billeteras hicieron 87 transacciones por unos 13,5 millones de dólares alrededor de 22 segundos antes del posteo.
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, destacó Marchetto.
El inversor plantea que esos elementos deben evaluarse en conjunto para determinar si hubo coordinación entre quienes prepararon el proyecto, quienes operaron antes de su difusión y la intervención del Presidente. También pidió investigar el destino de los fondos aportados por los compradores, quiénes los recibieron y si tienen vínculos con los organizadores del lanzamiento.
El informe tecnológico
Otro punto discutido es el informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), elaborado con dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.
Al analizar ese material, Martínez De Giorgi consideró circunstancias vinculadas con una investigación administrativa por el acceso indebido a documentación reservada. Marchetto cuestionó ese razonamiento y afirmó que el sumario no probó que la empleada investigada hubiera entregado documentos a una periodista o a terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado.
El escrito señala que la fiscalía recibió un informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación de documentos del expediente, y objeta que su contenido no se comunicara oportunamente al juzgado y a las partes. Para Marchetto, resulta cuanto menos curioso que la fiscalía no habría informado sobre ese material.
Según el recurso, el tratamiento de la prueba tecnológica es relevante porque integró los argumentos con los que se evaluaron la solidez de la investigación y los elementos que podían sostener la hipótesis delictiva.
El derecho a recurrir
Una decisión judicial del 3 de julio apartó a Marchetto como querellante. La Cámara Federal confirmó la medida. El inversor presentó una queja ante Casación para recuperar su participación, pero ese planteo continúa sin resolución.
Su argumento es que, si los sobreseimientos quedan firmes antes de que el tribunal superior resuelva si debe ser reincorporado, una decisión favorable sobre su participación podría perder efecto porque la investigación ya estaría cerrada.
Para sostener que está habilitado a apelar, invocó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, que reconoció la posibilidad de que quien busca constituirse como querellante presente determinados recursos ante Casación. También citó los derechos de las víctimas reconocidos por la legislación, entre ellos el acceso a la Justicia, la información, la participación en el proceso y la tutela judicial efectiva.
Con este planteo, busca que su exclusión del expediente no le impida cuestionar los sobreseimientos mientras sigue pendiente la discusión sobre su condición de parte.
