La Fundación Bendita Planta denunció ante la Justicia Federal que personas desconocidas entraron a un invernadero de Bella Vista y se llevaron plantas de cannabis medicinal, pese a que el lugar tenía custodia policial por orden judicial.
El caso se inició en septiembre pasado, cuando efectivos de la Didrop de Bella Vista hallaron unos 200 ejemplares en una vivienda. Sus propietarios, un hombre de 75 años y su pareja, de 67, fueron demorados.
Con el patrocinio de Patricio Char y Candelaria Hernández, los integrantes de la fundación acudieron a la Justicia para explicar que cultivaban cannabis para terceros con fines medicinales y que contaban con autorización. Los profesionales afirmaron que presentaron documentación respaldatoria.
RESPONSABLES. Los integrantes de la fundación Bendita Plata aseguraron que ellos cultivan para terceros.La figura legal de “Tercero cultivador” habilita, bajo ciertas condiciones, a producir cannabis para otra persona. En el caso de los cultivadores individuales, el régimen permite hasta nueve plantas florecidas por paciente y requiere una autorización. Los productores señalaron que obtener o renovar esos permisos puede llevar varios meses.
Mientras se definía la situación, el juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó que el cultivo continuara porque estaba destinado a fines medicinales. También dispuso una custodia policial permanente para proteger las plantas hasta que se resolviera el caso.
La denuncia por el robo
Días atrás, Char y Hernández comunicaron a la Justicia que, durante la madrugada del domingo, desconocidos entraron a la propiedad y sustrajeron plantas pese a la presencia de una consigna policial.
“Rodearon el invernadero y accedieron por su parte posterior. Levantaron un plástico, retiraron la doble red y arrancaron de raíz unas 15 plantas. Tuvieron tiempo y tranquilidad para hacerlo: desarmaron la protección, seleccionaron los ejemplares y se retiraron sin ser interceptados”, relataron en el escrito.
Según los profesionales, el policía se encontraba en un quincho a 20 metros del invernadero, donde se había refugiado de la lluvia.
“Reconoció haber oído ladridos y pasos provenientes del sector trasero del invernadero. Su reacción fue no acudir a tiempo después de haber escuchado estos ladridos, no distinguió a nadie, no inició persecución alguna y no realizó ninguna otra acción para impedir el robo o individualizar a sus autores”, señalaron.
“Recién después inspeccionó el sector y advirtió el plástico levantado y el interior alterado. En definitiva, tuvo a sus autores a escasos metros, escuchó el ilícito mientras se cometía y no impidió su consumación ni logró identificar o aprehender a nadie”, añadieron.
Cuestionamientos y malestar
El episodio se produce en un contexto de diferencias entre productores de cannabis medicinal y autoridades de control. Desde hace meses, personas con autorizaciones de cultivo que no pudieron renovarlas por demoras administrativas denuncian operativos policiales que terminan con plantas destruidas. Abogados especializados en la regulación del cannabis sostienen que esos casos deberían considerarse infracciones administrativas y no necesariamente delitos penales.
Las autoridades, en tanto, afirman que actúan según la legislación vigente, que habilita el cultivo únicamente a quienes tienen una autorización en curso. Desde sectores judiciales advierten que la falta de permiso puede derivar en una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.
La decisión de Díaz Vélez había generado expectativas entre productores porque, a diferencia de lo ocurrido en otros procedimientos, no ordenó arrancar ni secuestrar las plantas, una medida que suele provocar su destrucción. También dispuso que se mantuvieran el riego y las tareas necesarias para conservarlas.
Los denunciantes plantearon que, antes de que se instalara la consigna, los dueños de la casa salían con una linterna cuando ladraban los perros para revisar si ocurría algo. Afirmaron que dejaron de hacerlo porque había un policía a cargo de esa tarea.
“Hasta la instalación de la consigna policial, cada vez que los perros ladraban, los dueños de casa se acercaban a vigilar con linterna y a verificar si ocurría algo. En esta ocasión no lo hicieron precisamente porque había un policía designado para cumplir esa tarea. Confiaron en que el Estado, que había asumido la custodia, la ejercería. Esa confianza fue defraudada: la presencia policial, lejos de proteger, desplazó la vigilancia que los propios moradores habrían ejercido”, indicaron.
PROTECCIÓN. Un juez ordenó que se cuidaran las plantas hasta se resolviera la situación de fondo.Los representantes de la fundación también dijeron que se enteraron de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia había publicado en sus redes sociales la dirección del inmueble.
“Esta parte sostiene que esa exposición pública, vinculada a esta causa, torna razonable considerar que el hecho se vio facilitado por ella, y representa en sí misma un riesgo grave para las personas que lo habitan”, añadieron.
En la presentación, los integrantes de la ONG repudiaron lo ocurrido y expresaron su malestar. “Se destruyó el trabajo de mantenimiento y el esfuerzo económico de los pacientes titulares de cada planta, cuyo fin es medicinal, y se frustró la conservación del material como elemento de prueba, que un juez había ordenado expresamente”, razonaron.
