La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados inició el análisis de la reforma de la ley N° 27.640 de biocombustibles. En una reunión informativa participaron representantes de los sectores cerealeros, azucareros y energéticos. La iniciativa, que el Senado aprobó más de un mes antes por 41 votos a favor y 25 en contra, plantea aumentar los porcentajes de corte y busca incorporar procesos industriales al sector extractivo y reducir emisiones.
Para dictaminar, deberá convocarse a un plenario de tres comisiones. El oficialismo apunta a aprobar el proyecto durante el período de sesiones ordinarias, que concluye el 30 de noviembre. La reforma también estuvo en la agenda de trabajo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con Martín Menem y los referentes del PRO Cristian Ritondo y Frenando de Andreis.
Al inicio del encuentro, el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, calificó la iniciativa como “una ley histórica que viene a saldar viejas deudas que tenemos en cada una de las provincias y que la ha enviado el presidente Milei”. Aunque se la atribuyó al mandatario en dos ocasiones, la presentación tuvo el patrocinio de Patricia Bullrich y contó con la influencia de senadoras de provincias involucradas, entre ellas Royón, Moisés, Ávila y Vigo.
El presidente de la Cámara Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, marcó diferencias entre la propuesta original y la versión que aprobó el Senado. “El proyecto original del Poder Ejecutivo dista sustancialmente de la media sanción del Senado. Hubo muchísimos cambios”. También afirmó: “Cuando uno lee la versión final se da cuenta que participaron activamente gobiernos provinciales y senadores que han logrado representar el interés productivo y comercial de muchas provincias argentinas y que lograron destrabar una conversación que parecía imposible”. Sobre el acuerdo, agregó: “a ninguno de nosotros nos dejó satisfecho, pero entendemos que es el mejor acuerdo posible en la Argentina actual”.
Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz, sostuvo que el régimen actual “está agotado, al punto que es impracticable”. Además de mencionar el posible impacto en la planta automotriz, consideró que “la sanción de esta ley vuelve a poner a la industria en un sendero de crecimiento, con una agenda moderna, competitiva y transparente”.
El titular del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Luis Feijóo, afirmó: “Este proyecto refleja los intereses del sector y de la región. Abre una oportunidad para sumarnos a una tendencia global, hay 65 países del mundo que tienen cortes mandatorios y obligatorios en sus combustibles”. También señaló que “el país no está en condiciones de desaprovechar ninguno de sus recursos” y que “sería un error contraponer actividades”, en referencia al presunto lobby petrolero contra la ley.
Idígoras sostuvo que “Claramente en el bioetanol hay un consenso del 99,9% entre las industrias, los representantes de las provincias y los gobiernos. El mayor debate siempre ha sido el biodiésel”. Sobre ese mercado, indicó que “hay muchas empresas locales y de inversión regional que apostaron a una ley y hoy les estarían cambiando las condiciones”. Aun así, pidió acompañar la iniciativa: “necesitamos tener reglas de juegos locales que permitan la libre competencia, porque cada vez que vamos a un país a tratar de abrir ese mercado lo primero que nos preguntan es cómo es nuestro régimen”.
En cambio, Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), respaldó la necesidad de actualizar la normativa, pero cuestionó sus efectos sobre las firmas más pequeñas. “estamos de acuerdo que hay que modernizar el régimen, pero sin mandar a la quiebra a cinco pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”. También planteó que “CIARA tiene que entrar al mercado interno para suplir lo que no puede exportar y lo tiene que hacer cortándole la cabeza a las pymes”. Martelli propuso elevar el corte de biodiésel al 12,5% para “que se construya un segmento permanente, como el que se construyó para la caña de azúcar, para que las pymes compitamos para abastecer el mercado interno”.
Los cambios previstos
Para el bioetanol, el proyecto lleva el corte del 12% al 15%: un 6% correspondería al producto de caña, otro 6% al de maíz y el 3% restante se definiría mediante competencia. Además, ninguna empresa podría concentrar más del 20% del mercado.
En biodiésel, la propuesta aumenta el corte del 5% al 10%, con una etapa de 12 meses en la que se ubicaría en el 7,5%. El esquema separa a las compañías integradas, que pueden gestionar toda la cadena productiva, de las no integradas, a las que les correspondería un cupo del 5% del mercado total. Ninguna firma podría superar el 10% del mercado.
El texto también establece una participación para las empresas no integradas, que bajaría gradualmente: sería del 6,5% al año de sancionada la ley, del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 4% entre 2031 y 2036.
Para ambos sectores, se eliminaría el precio máximo y se usaría como referencia el valor exportable. La iniciativa también precisaría en qué casos podrían ampliarse los porcentajes de corte y permitiría a las provincias elevarlos en situaciones específicas.
