La Fiscalía imputó a Romina del Carmen Soldevilla por brindar tratamientos psicológicos sin título ni matrícula, y a Marina Roxana Álvarez, propietaria y directora de un centro terapéutico de San Miguel de Tucumán, por facilitar esa actividad y su presunta facturación a obras sociales.
La investigación abarca prestaciones realizadas entre abril de 2022 y febrero de 2025 a dos niños con trastorno del espectro autista (TEA) en el Centro Terapéutico Educatea, ubicado en Don Bosco al 3900. El perjuicio económico estimado por los servicios asciende a casi $3,5 millones.
Las prestaciones investigadas
Según la acusación del fiscal Diego Hevia, Soldevilla se desempeñaba en el área de Psicología de Educatea sin formación universitaria, matrícula ni autorización para ejercer. Habría realizado sesiones de psicoterapia y otros tratamientos a los menores y se habría presentado como especialista ante sus familias, las escuelas y el equipo interdisciplinario del centro.
La Fiscalía también sostuvo que participaba en reuniones escolares como parte del equipo terapéutico externo y firmaba documentación institucional sobre el seguimiento de los niños. Para la acusación, esas tareas correspondían al ejercicio profesional de la Psicología y requerían formación y habilitación legal. Las familias, planteó el fiscal, confiaban en que los menores eran atendidos por una profesional acreditada.
Respecto de Álvarez, Hevia afirmó que sabía que Soldevilla no tenía título ni matrícula y, aun así, la sumó al área de Psicología y le permitió atender pacientes. La acusación señaló que le facilitó el espacio, la estructura del centro y la agenda de pacientes. “Pese a ello, la incorporó al área de psicología de Educatea, la presentó y mantuvo ante terceros como psicóloga, le asignó la atención de los menores, le proporcionó espacio físico, la estructura institucional, la agenda de pacientes, el marco de funcionamiento interdisciplinario y la cobertura formal necesaria para que pudiera desarrollar actos propios de esa profesión”, señaló el fiscal.
La facturación a obras sociales
La Fiscalía atribuyó además a Álvarez haber permitido que las prestaciones ingresaran al circuito formal de Educatea y haber presentado, o dispuesto la presentación, de documentación y facturas ante obras sociales por servicios psicológicos brindados por una persona sin habilitación.
Soldevilla fue acusada de usurpación de títulos y honores. A Álvarez se le atribuyó participación en ese delito y estafa, en concurso real.
El pedido de probation
Las dos imputadas, representadas por el abogado Macario Santamarina, solicitaron la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. La auxiliar fiscal Daniela Briz Tomas informó que, por instrucciones de Hevia, se acordó una reparación económica de $8 millones, con un aporte de $4 millones por cada una.
También deberán cumplir tareas comunitarias durante 12 meses en los movimientos juveniles de los colegios Tulio y Lorenzo Maza. La probation suspende el avance del proceso penal mientras se cumplen las condiciones establecidas y no implica una condena ni una declaración definitiva de culpabilidad.
Si cumplen las obligaciones y los demás requisitos legales, la acción penal podrá extinguirse. En caso de incumplimiento, el proceso podrá reanudarse.
