El Consejo Directivo del INTA ratificó el sumario y el pedido de exoneración contra Virginia Aparicio, investigadora que encabezó un estudio sobre la presencia de plaguicidas en personas y en el ambiente. La medida implica, de acuerdo con la definición incluida en el planteo, la inhabilitación de por vida para ejercer en la función pública.
Con más de 20 años de trayectoria, Aparicio participó con el aval del organismo en el proyecto Sprint, financiado por la Unión Europea y enfocado en analizar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente. En la iniciativa trabajaron varios países europeos y Argentina.
Poco antes de que se conocieran los resultados, el INTA frenó la publicación del estudio y se retiró del proyecto, aunque todavía figura como socio en la página oficial de la iniciativa. Gremios del sector señalaron que la difusión del informe se había interrumpido a mediados de 2023, durante la administración anterior. En 2025, el actual Gobierno inició el sumario contra Aparicio.
El trabajo halló glifosato en el 86,1% de las muestras de personas voluntarias de Argentina y en el 100% de las muestras de materia fecal de bonaerenses. También registró entre 10 y 28 plaguicidas en agua superficial, de 6 a 22 en alimentos y entre 43 y 86 en el polvo de los hogares. Según los resultados, Argentina fue el país con mayor cantidad de plaguicidas en personas y en el medio ambiente.
Entre los argumentos del sumario se menciona el presunto «perjuicio a la administración nacional». Fuentes del organismo cuestionaron ese fundamento y remarcaron que el proyecto fue financiado íntegramente por la Unión Europea. También se le reprocha a Aparicio no haber entregado a sus superiores información que relacionaba la identidad de las personas voluntarias con sus niveles de plaguicidas. La investigadora sostuvo que no la presentó porque había firmado un acuerdo de confidencialidad con quienes participaron.
Una fuente del INTA afirmó que «Hubo quejas de las corporaciones, eso es lo que pasa» y atribuyó la suspensión de la difusión a presiones empresariales. Los resultados se presentaron después en una conferencia del proyecto Sprint en Bélgica, el año pasado. Otra fuente del sector describió el sumario como un proceso por incumplimientos administrativos y señaló: «El sumario es porque no cumplió con procesos administrativos. El tema es que le quieren aplicar la sanción más extrema, es una locura». También mencionó intereses de entidades del campo para que el estudio no se conociera.
Aparicio defendió el propósito del informe y planteó: «La distribución de los plaguicidas es tan masiva que es necesario reducir la dependencia química en el sistema productivo y es importante hacerlo ya».
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, rechazó el pedido de exoneración y reclamó que se revierta: «Las autoridades del INTA, bajo un gobierno que niega la crisis climática y denosta la ciencia, quieren exonerarla por hacer su trabajo. Tienen que dar marcha atrás de manera urgente».
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió que la medida «busca consagrarse también como un mecanismo de amedrentamiento hacia quienes hacen investigación pública». Los gremios del sector también cuestionaron el despido y la posible exoneración, que consideraron «desproporcionada», y alertaron que podría terminar «persiguiendo, censurando y silenciando a toda la investigación y al personal del INTA».