En Tucumán viven, según estimaciones, 280.000 personas con discapacidad, aunque solo una de cada tres cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La renovación enfrenta criterios cada vez más estrictos y, de acuerdo con la denuncia, algunas personas pueden pasar hasta seis meses sin prestaciones ni medicamentos. Miriam Suarez, dirigente del colectivo, sostuvo que «la política del gobernador Osvaldo Jaldo ha sido una política de negación» ante las responsabilidades estatales frente al aumento del costo de los medicamentos.
Escuelas sin adecuaciones y reclamos por viviendas
La referente también señaló la falta de infraestructura pública, episodios de violencia policial y presuntas irregularidades en el cupo del 5% del FONAVI. En las escuelas públicas, afirmó, faltan adecuaciones y rampas para garantizar el aprendizaje. «El ámbito educativo es el primer espacio desde donde se te excluye», expresó, y planteó que las familias terminan a cargo de la contención.
Autonomía y acceso al trabajo
Frente al proyecto de presupuesto nacional, el colectivo cuestiona normas que, según sostiene, restringen el acceso al empleo formal y la autonomía económica de las personas con discapacidad. La vocera advirtió que «quieren que volvamos a un modelo de mendicidad y de la falsa caridad hacia el colectivo» y señaló que esa situación vulnera el rango constitucional de la Convención de Derechos Humanos.
Pagos atrasados y representación
Los retrasos de hasta ocho meses en los pagos gubernamentales, indicó, afectan a pequeños centros barriales de rehabilitación y a prestadores monotributistas. El sector pide que los fondos no se interrumpan y reclama participar en los espacios de decisión. «La gran deuda es promover los derechos políticos de las personas con discapacidad», sostuvo Suarez, quien también pidió garantizar que tengan representación propia en el Congreso.