Enrique Romero, quien era subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de la capital, declaró como testigo en el juicio por la desaparición de Alberto Agapito Ledo. Durante su exposición cuestionó la información sobre los destinos de César Milani y tuvo un cruce con el exjefe del Ejército luego de mencionar a Antonio Domingo Bussi y a su hijo, Ricardo Bussi.
Romero contó que en 2010 se presentó ante la Justicia Federal después de acceder a un informe de inteligencia que incluía datos sobre Ledo. Además, dijo que en febrero de 2017 solicitó incorporar 80 fojas de documentación original que, según indicó, había entregado el Dr. Luis Duhalde por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Afirmó que esos papeles permanecían reservados en la caja fuerte del Juzgado Federal N.º 1 desde el 7 de julio de 2010 y que correspondían a la causa “LEDO, AGAPITO ALBERTO S/ DESAPARICION FORZADA Y/O HOMICIDIO EN VIOLACION DE SUS DERECHOS HUMANOS”.
Según la descripción del testigo, el informe daba cuenta de tareas de inteligencia del Ejército desarrolladas a fines de 1975 y principios de 1976. También identificaba a Ledo como militante de izquierda en la Facultad de Filosofía y Letras entre marzo y junio de 1975. Romero sostuvo que esos datos indicaban que Milani conocía sus actividades antes de que fuera incorporado como soldado conscripto.
Entre las personas mencionadas en el documento, Romero nombró a Antonio Guerrero, diputado nacional entre 1973 y 1976 y entre 1989 y 1993, senador provincial entre 1985 y 1989 y ministro de Gobierno en 1999; a José Nadeff, exvocal del Tribunal de Cuentas en 1995; y al Dr. Julio Rosi, exvocal del Sistema Provincial de Salud en 1987. También citó a Guilleromo Vargas Aignase, senador provincial entre 1973 y 1976, secuestrado y cuyos restos fueron identificados en el Pozo de Vargas, y a Dardo Molina, presidente del Senado provincial entre 1973 y 1976, también secuestrado y con restos identificados allí. Completó la lista con Isauro Martinez, Raul Lechece, José Vittar, Liliana Vittar y Alicia Noli.
El testigo afirmó que Ledo desapareció el 17 de junio de 1976 en Monteros, Tucumán, adonde había sido enviado para integrar una unidad antiterrorista durante el Operativo Independencia. Sostuvo que Milani se encontraba en Tucumán en esa fecha y que la comisión no figuraba en la síntesis de su legajo remitida al Senado para analizar su ascenso a general.
Como respaldo, Romero mencionó documentación del Ministerio de Defensa que el fiscal Camuña solicitó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el 1 de agosto de 2013. En su interpretación, esos documentos indicaban que Milani había estado destinado en la llamada “Zona de Operaciones” del “Operativo Independencia” en Tucumán. También recordó que, en una declaración a Télam del 19 de julio de 2013, Milani dijo que había trabajado durante 40 días en una escuela en construcción en Monteros, donde reparaba caminos y pintaba escuelas.
El Ejército había rechazado la denuncia de Romero con un comunicado que situaba a Milani en La Rioja durante los hechos. Romero calificó esa versión como falsa y afirmó que el exmilitar estuvo en Tucumán durante 1976 y hasta febrero de 1977, bajo las órdenes del general Bussi. También señaló que Milani había dicho que no conocía a Bussi y citó declaraciones de Ricardo Bussi a la prensa. En una carta enviada a LA GACETA en julio de 2013, el hijo del exmilitar afirmó: “Milani era para mi padre uno de sus subordinados más comprometidos”.
En otro momento de la audiencia, mientras respondía preguntas del defensor público Edgardo Bertini, Romero se dirigió a Milani: “No sé de qué se ríe, general. No me parece gracioso. Están las declaraciones de Bussi en los medios”. El exjefe del Ejército intentó contestar, pero su defensor lo interrumpió. El Tribunal Oral Federal de Tucumán estaba integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal.
Romero también pidió que se investigaran de manera conjunta las muertes de los soldados conscriptos Carlos Firker —mencionado luego como Fricker—, Juan Toledo Pimentel y Cajal, la del sargento Lai y la desaparición de Ledo. Afirmó que cuatro de esas muertes ocurrieron entre el 9 y el 17 de mayo de 1976, en una misma compañía, y que había elementos que, a su juicio, podían vincularlas con personal de inteligencia del Ejército. Ledo desapareció un mes después. El testigo planteó como posibilidad que su desaparición estuviera relacionada con lo que sabía sobre esos hechos, sin presentarlo como una conclusión judicial.
Milani negó que Ledo hubiera sido su asistente y rechazó cualquier vínculo con la represión ilegal. Por su parte, Álvaro Illanes, ex preso político y ex conscripto del Regimiento de Ingenieros de Construcciones 141, afirmó que Ledo “era el asistente” de Milani.
La exposición también incluyó la vinculación de Milani con la privación ilegítima de la libertad, en La Rioja, del ex preso político Ramón Alfredo Olivera. De acuerdo con ese relato, el entonces juez federal Roberto Catalán recibió la declaración de Olivera, quien dijo que había sido torturado, y Milani lo acompañó al juzgado en 1977. Además, se indicó que cuatro jefes del Regimiento de Ingenieros de Construcciones 141 fueron procesados por delitos de lesa humanidad y que el entonces jefe de compañía, el capitán Hugo Maggi, fue procesado por secuestro y torturas, entre otros delitos. Romero describió al regimiento como un centro de la represión ilegal en La Rioja y sostuvo que allí se trasladaba a detenidos antes de llevarlos al Instituto de Rehabilitación Social.