El juez Mario Velázquez rechazó el pedido de sobreseimiento de Fernando Rogel Chaler, ex titular de Regularización Dominial, en la causa por el loteo de terrenos fiscales en El Mollar. Además, extendió por cuatro meses la custodia provincial del predio y pidió que se acelere la investigación.
El expediente se abrió después de que, en noviembre de 2024, empleados estatales detectaran durante una inspección de rutina una presunta ocupación ilegal en un sector de la Reserva Natural La Angostura, en el Valle de Tafí. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, dispuso relevamientos en la zona.
Los estudios establecieron que particulares habían ocupado terrenos fiscales en un predio de nueve hectáreas para impulsar emprendimientos y construir viviendas. Entre los proyectos cuestionados figura el Loteo Gaucho Castro, donde ya había varias casas construidas desde hacía años.
La investigación
El fiscal Miguel Varela investigó una presunta estructura dedicada a comercializar tierras fiscales mediante documentación y gestiones administrativas irregulares. En su momento, la definió como una “inmobiliaria estatal”.
De acuerdo con la investigación, el septuagenario Juan Pablo Castro se presentó como titular de terrenos que, según la Provincia, pertenecen al Estado. Los empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro habrían promovido la subdivisión del predio en parcelas para venderlas.
Para dar apariencia legal a las operaciones, los empleados públicos habrían realizado presentaciones ante la Dirección General de Catastro, aunque los trámites no llegaron a completarse. Varela también sostuvo que podrían haber contado con la colaboración de Rogel Chaler y de Jorge Cruz, ex comisionado comunal de El Mollar.
Según el expediente, Trujillo, Barreiro, Damián Romano —nieto político de Castro— y Yanina Mamaní —pariente de Trujillo— habrían vendido los terrenos. Se habrían comercializado alrededor de 60 parcelas, por montos de entre U$S 15.000 y U$S 30.000. Los compradores dijeron que actuaron de buena fe y que la intervención de organismos estatales les dio confianza en la legalidad de las operaciones.
La Fiscalía formuló cargos contra las siete personas mencionadas por estafa y asociación ilícita, imputaciones que fueron admitidas por la Justicia. Según el rol atribuido a cada una, también se plantearon cargos por usurpación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
En la causa se ordenó el desalojo del predio y se tomaron medidas sobre las construcciones. Las tierras también fueron restituidas provisoriamente a la Provincia para que se encargara de protegerlas.
El pedido de sobreseimiento
Días atrás, María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Rogel Chaler, solicitaron su sobreseimiento durante una audiencia. Argumentaron que la investigación no había reunido elementos suficientes para acreditar la participación de su defendido en la presunta maniobra.
La auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi, por instrucciones de Varela, se opuso al planteo. Indicó que en las últimas semanas surgieron nuevas evidencias que deben analizarse y que todavía resta examinar documentación y realizar pericias sobre dispositivos de almacenamiento de información. Esos estudios fueron programados para febrero, de acuerdo con los turnos otorgados. “No se puede dictar su sobreseimiento si todavía queda numerosa prueba por producir y se pueden encontrar evidencias en su contra”.
Los representantes de la Fiscalía de Estado, José María Molina y Horacio Geria, que interviene como querellante, apoyaron la postura del Ministerio Público. “Hay nuevas evidencias que pueden ser fundamentales para probar la participación de cada uno de los involucrados en esta causa, entre los que se encuentra Rogel Chaler”, sostuvieron.
Velázquez rechazó el pedido de la defensa, extendió por otros cuatro meses la medida que mantiene las tierras bajo custodia provincial y exhortó a las partes a avanzar con la investigación para resolver la causa.
La causa fue declarada compleja
En otra audiencia, el Ministerio Público pidió que el expediente fuera declarado complejo. Fundamentó la solicitud en la cantidad de evidencia reunida y pendiente de producción, el número de imputados y las distintas calificaciones legales. La querella acompañó el planteo y el juez lo aceptó, por lo que la investigación podrá continuar hasta marzo.
