Victoria Parodi afirmó que Luis Brodersen habría transferido cerca de $20 millones al fiscal Enrique Rojas para influir en distintas causas judiciales. La mujer difundió capturas para respaldar su acusación, que no está acreditada judicialmente.
Parodi también señaló a Paula Cortés, identificada como abogada integrante del CAM y pareja de Rojas. Le atribuyó un audio en el que supuestamente habla de contactos dentro de la Fiscalía y de la posibilidad de negociar una reparación integral o tareas comunitarias para evitar antecedentes.
En junio, Parodi había denunciado por violencia de género a Leonel Brodersen, padre de su hija. El 2 de septiembre, Luis Brodersen denunció a su hijo y a Parodi por presuntas amenazas para que le entregaran las llaves de un departamento de su propiedad en Concepción.
En esa presentación incluyó un mensaje que decía: “¿Me das las llaves del Departamento de Concepción hoy mismo o las consecuencias van a ser irreversibles?”. También aportó capturas de publicaciones de Instagram atribuidas a Parodi y solicitó el secuestro de dispositivos digitales.
El 4 de septiembre, el fiscal Nicolás Salas pidió los primeros allanamientos para ubicar a los denunciados y secuestrar celulares, computadoras y otros dispositivos. Más adelante se presentaron nuevas denuncias, entre ellas una referencia a un supuesto chat secreto de Telegram atribuido a Leonel Brodersen. También se solicitó una prohibición de acercamiento y comunicación.
Salas pidió además acceder a los datos de un iPhone y una notebook secuestrados. La jueza Soledad Hernández rechazó esa solicitud al considerar que el secuestro no se había realizado según el protocolo previsto en la autorización judicial. El 11 de septiembre, tras nuevas constataciones, autorizó otro allanamiento.
Las acusaciones por las presuntas transferencias se plantearon así en el marco de un conflicto familiar que incluye denuncias cruzadas y señalamientos a personas vinculadas con el ámbito judicial.