El juez Sebastián Norniella Parache extendió por 63 días la prisión preventiva de F.G., el profesor de danza acusado de abusar sexualmente de una alumna. El docente permanecerá detenido hasta el 15 de diciembre, tras el planteo de los acusadores sobre posibles riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
La denuncia indica que, en septiembre, F.G. le pidió a la niña que avisara a sus padres que la buscaran media hora más tarde en el salón de Constitución al 300, porque debía quedarse a ensayar. Según el relato de la menor, cuando quedaron solos el docente la sometió a un abuso sexual.
Al regresar a su casa, la madre vio que la niña tenía los ojos vidriosos y temblaba. Cuando le preguntó qué había pasado, la menor le contó lo ocurrido. También dijo que el profesor le había preguntado si había tenido relaciones sexuales antes y que no gritó para pedir ayuda porque quería que todo terminara rápido y volver con sus padres.
Los padres fueron luego a la casa del acusado. Como ni él ni su pareja los atendieron —ella sería integrante del elenco del Ballet Estable de la Provincia, de acuerdo con la información incorporada al caso—, el padre intentó ingresar por la fuerza. La policía intervino y les indicó que debían realizar una denuncia.
La madre acudió a la comisaría y, con autorización, los agentes entraron a la vivienda. El docente se había encerrado en una habitación y se negaba a salir. Después de unos 30 minutos de negociación, depuso su actitud y entregó el celular.
La fiscala Adriana Reinoso Cuello convalidó la aprehensión y le atribuyó el delito de abuso sexual agravado por ser una persona encargada de la educación de la víctima. En la audiencia inicial, el auxiliar Guillermo Giordano, con el respaldo del querellante José María Molina, consiguió que se dictara una prisión preventiva por 36 días.
En esa instancia, el juez Alejandro Tomás tuvo en cuenta el relato de la madre y la hipótesis de que el acusado habría utilizado productos especiales para evitar que quedaran rastros del abuso.
Los argumentos de las partes
En una audiencia a puertas cerradas, Giordano pidió extender la prisión preventiva por 63 días, siguiendo instrucciones de Reinoso Cuello. Mencionó riesgos de fuga y de que el imputado pudiera interferir en la investigación. También señaló que la esposa del acusado podría influir sobre las madres de algunas alumnas y que el docente permaneció encerrado cerca de 40 minutos antes de entregarse.
Molina acompañó el pedido para resguardar las pruebas pendientes. Victoria Zamora, abogada de la niña, solicitó que se consideraran los daños que habría sufrido la menor. Además, indicó que tuvo que cambiar de colegio porque la pareja del imputado trabajaba en ese establecimiento.
El defensor Lucas Olivera Sáenz rechazó la prórroga. Sostuvo que su defendido no podía entorpecer la investigación, ya que la mayoría de las medidas de prueba estaban hechas. También cuestionó que no hubiera evidencias que acreditaran el presunto abuso y señaló discrepancias entre los testimonios de madres y alumnos. Afirmó, además, que en redes sociales se difundieron la identidad del acusado —que debe mantenerse en reserva— y datos de la academia, lo que le habría ocasionado un perjuicio importante.
Olivera Sáenz pidió que, en caso de prorrogarse la medida, se cumpliera bajo arresto domiciliario. Ofreció tres domicilios alternativos y dos vehículos como caución, y planteó que el imputado tiene dos hijos con trastorno del espectro autista (TEA). Norniella Parache dispuso que profesionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia elaboren un informe sobre la situación de los niños.
La investigación
Durante la audiencia, Reinoso Cuello expuso las pruebas reunidas, entre ellas el informe de la especialista que analizó la entrevista de la niña en cámara Gesell. La fiscal señaló que el relato presenta indicadores de credibilidad y que no se detectaron señales de influencia de personas adultas.
La fiscalía informó que al menos otros dos testigos menores de edad describieron situaciones similares. Por ese motivo, reúne elementos para ampliar la acusación por presuntos abusos sexuales contra otras dos alumnas. Al solicitar la prórroga, también consideró la gravedad de los hechos investigados y la posibilidad de que se incorporen esos casos, en relación con una eventual condena de entre ocho y 20 años de prisión.
