Un empleado del Poder Judicial denunció que un policía le ofreció gestionar viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a cambio de dinero. Según su declaración, el uniformado lo alentó luego a convocar a otras personas y entre 115 y 120 habrían entregado sumas que, en total, rondarían los $500 millones.
La denuncia se presentó el miércoles 23 de septiembre en la Comisaría 5°, ubicada en Muñecas al 1.600. El denunciante tiene 37 años y trabaja en el Poder Judicial desde 2010. Dijo que el cálculo incluye transferencias y pagos en efectivo. La causa fue remitida a la Fiscalía de Delitos Complejos y, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente, el policía señalado, que prestaba servicios en la Comisaría 6°, fue puesto en disponibilidad.
El empleado contó que conocía al uniformado de cuando ambos coincidían en la morgue judicial y que hablaban ocasionalmente durante sus tareas. Tras el traslado del policía a otra dependencia, dejaron de tener contacto. Según su relato, retomaron la comunicación en noviembre del año pasado, cuando el uniformado le escribió por WhatsApp y le dijo que tenía contactos para facilitarle el acceso a una casa del IPV.
El policía le habría mencionado una posibilidad vinculada con su madrastra, quien, según le dijo, trabajaba en un área de Acción Social de la Legislatura y entregaba boletos gratuitos. También le habría ofrecido conseguir una vivienda en Manantial Sur, San Andrés o Lomas de Tafí. Para comenzar las gestiones, le pidió, según la denuncia, $2 millones y otros $2 millones cuando le asignaran la casa.
Al principio, el denunciante respondió que no tenía el dinero. Después de hablar con su esposa, habría tomado un préstamo y reunido ahorros familiares hasta completar el monto. Afirmó que hizo la transferencia y que el policía le comunicó que ya tenía una vivienda reservada.
Días más tarde, siempre de acuerdo con la presentación, el uniformado le propuso preparar “varias carpetas” para otras personas y le pidió mantener la operación en secreto, limitando la información a gente de confianza. El empleado se lo comentó a una cuñada y a un primo, quienes habrían transferido $4 millones cada uno. Con su aporte inicial, calculó que habían reunido $10 millones.
Con el paso del tiempo, habría crecido el número de interesados. El denunciante sostuvo que el policía le hablaba de nuevos cupos y le pedía sumar personas. Según su versión, algunos transferían el dinero a la cuenta del trabajador judicial, que luego se lo enviaba al uniformado. También afirmó que los montos requeridos aumentaron: de los $2 millones iniciales se habría pasado a pedir hasta $5 millones por persona.
El empleado dijo que compartió la propuesta con familiares, amigos y conocidos porque creía que podía ayudarlos a conseguir una vivienda. Según su declaración, el policía había anticipado que las primeras casas se entregarían en febrero o marzo de este año. Cuando esos plazos pasaron sin adjudicaciones, quienes habían aportado dinero empezaron a pedir explicaciones.
Ante los reclamos, el denunciante afirmó que consultaba al uniformado y recibía distintas respuestas sobre trámites pendientes, documentación faltante o cuestiones por resolver. Dijo que le planteaba la necesidad de encontrar una solución porque era quien trataba con las personas y, en algunos casos, recibía el dinero antes de transferirlo.
También relató que en julio se hizo una reunión en la casa de su suegro, organizada a pedido del policía. Aseguró que convocó a los presuntos damnificados, pasó a buscar al uniformado por su vivienda y lo llevó al encuentro. Sin embargo, según su versión, el policía se encerró en una habitación y no habló con los presentes. El denunciante y su esposa quedaron a cargo de responder los reclamos.
Después de esa reunión, el policía le habría dicho: “Hermano, se me cerraron muchas puertas”. También habría señalado como posible fecha de entrega de las viviendas un acto político de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), previsto para el 21 de julio. De acuerdo con la denuncia, tampoco hubo entregas en esa ocasión.
El empleado judicial afirmó que fue varias veces a la casa del policía en Alderetes para pedir respuestas, pero que recibió nuevas explicaciones evasivas. Dijo que aportó capturas de transferencias e información de cuentas y alias vinculados con Mercado Pago, Banco Macro y Brubank.
Entre la documentación que aseguró haber entregado incluyó comprobantes de transferencias, constancias de pagos en efectivo y fotocopias de documentos de quienes buscaban acceder a las viviendas. También mencionó actas de nacimiento y matrimonio, además de recibos de sueldo. Sostuvo que no cobraba una comisión y que se involucró porque esperaba obtener una casa para él y su familia.
El denunciante estimó que habría cerca de 120 personas afectadas y que el dinero entregado rondaría los $500 millones. La cifra fue calculada por él y deberá precisarse durante la investigación, que deberá establecer las circunstancias de los hechos, el recorrido del dinero y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.
Por último, dijo que perdió su trabajo a raíz de la situación y anticipó que se presentará en sede judicial junto con otros presuntos damnificados para ampliar la denuncia. La acusación no determina culpabilidad, que deberá establecerse en el proceso judicial.