La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional frenó esta semana el avance hacia el juicio contra el anestesiólogo Hernán Boveri y la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, imputados por supuesta administración fraudulenta de propofol. El tribunal entendió que la instrucción se había cerrado sin completar medidas de prueba.
El juez de Casación Nicolás Grappasonno observó que los celulares de Boveri y Lanusse todavía no habían sido abiertos para analizar su contenido, pese a que la fiscalía había solicitado esa medida.
El fiscal de instrucción Lucio Herrera también había requerido al Hospital Italiano información sobre las cirugías y los procedimientos de sedación en los que participaron ambos médicos entre el 1o de enero de 2025 y el 1o de febrero de 2026, cuando se hubiera utilizado propofol en ampollas. Boveri y Lanusse fueron apartados de sus cargos en ese hospital y quedaron vinculados con las llamadas “Propofest”, reuniones sociales de personal médico para consumir de manera recreativa drogas medicinales como el propofol.
En junio, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires había confirmado los procesamientos: Boveri como autor y Lanusse como partícipe necesaria.
La resolución anterior había respaldado el criterio del juez de primera instancia Javier Sánchez Sarmiento, quien subrogaba a Pablo Federico Moya en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47. Moya volvió a sus funciones y en agosto elevó la causa a juicio.
Herrera había definido la apertura y el análisis de los teléfonos como una medida “potencialmente relevante”. El juez, sin embargo, consideró que esa prueba no era indispensable para “adoptar una decisión sobre la clausura de la instrucción en relación con los hechos que constituyen el objeto de este proceso”.
En agosto, al recibir el expediente para la etapa de juicio, la fiscal María Luz Castany revisó el dictamen de Herrera y advirtió que aún no estaban los resultados de los informes y análisis pedidos por su equipo. Para Castany, esa evidencia “excede lo que razonablemente se puede entender como una medida de prueba secundaria o tangencial, que pueda quedar pendiente en el marco de una instrucción suplementaria”.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que los celulares contienen elementos relevantes “tanto en la ampliación de la base de los hechos, como en la delimitación de la intervención de los imputados y su alcance y encuadre jurídico”.
El caso se conoció en marzo de este año, después de la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 31 años, quien hacía guardias en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En febrero lo encontraron sin vida en su departamento de Palermo, junto a elementos vinculados con drogas sustraídas de centros médicos, entre ellos ampollas de propofol.
La investigación también incluyó a otros profesionales de la salud, entre ellos la médica residente Chantal “Tati” Leclercq, sospechada de haber sustraído medicamentos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su especialización en anestesiología.
Chantal Leclercq y Delfina Lanusse están siendo investigadas por el robo de medicamentos de hospitales.
Además de la causa contra Boveri y Lanusse, hay otras tres investigaciones relacionadas: una busca establecer las circunstancias de la muerte de Zalazar; otra examina el rol de Leclercq en el robo de medicamentos del Hospital Rivadavia; y una tercera se tramita en el fuero federal porteño.
